El Senado de la República se abocará a la escogencia de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), de las cinco ternas de aspirantes (15), seleccionadas por la Cámara de Diputados, quienes regirán el destino de esa institución rectora de la fiscalización externa de los recursos públicos, por los próximos cuatro años, de acuerdo a la Ley 18-24 (antes 10-04).

Esta institución dejó mucho que desear en los últimos dos períodos, pues los miembros de los plenos se vieron involucrados en grandes escándalos, conflictos internos, enfrentamientos y acusaciones que rayan en lo moral y en lo ético, además del gran desprestigio, cuestionamiento, descrédito y desconfianza generados por su inoperancia y la denuncia de modificar (maquillar) los resultados de las escasas auditorías realizadas.

Por primera vez en la historia republicana un órgano oficial, como lo es la CCRD, (gestión 2016-2020), fue intervenida mediante el uso de la fuerza pública, por negarse a suministrar las informaciones solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR), por orden de su titular, licenciada Mirian Germán Brito, en la que le fueron incautadas las computadoras y otros equipos tecnológicos.

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Lamentablemente a esa institución ni a los miembros del pleno de la misma se les aplicó un régimen de consecuencia, tanto por la PGR, como por el Congreso Nacional.

Para la escogencia de los miembros de la CCRD no siempre impera ni se aplica la transparencia y el criterio de independencia de quienes los escogen, pues no se toma en cuenta la capacidad técnica profesional, experiencia, honestidad, ética, moral y vocación de servicio que reúnen muchos de los aspirantes a formar parte de esa importante institución fiscalizadora de los recursos públicos.

La CCRD debe ser un ejemplo y un modelo a seguir en cuanto a transparencia, pulcritud y rendición de cuentas para las demás instituciones del Estado. La mayoría de las veces, para dicha escogencia predominan los intereses políticos, partidarios y de grupos sociales, los cuales son colocados por encima de los nacionales.

Desgraciadamente, así como marcha el Congreso Nacional, salvo algunas excepciones de quienes lo conforman, cada vez más deficiente, desprestigiado e inoperante, así también se ha querido y se quiere conformar una CCRD que responda a sus intereses.

El Congreso Nacional ha tenido una gran responsabilidad y culpabilidad con el mal manejo de los recursos públicos y con los actos de corrupción que cometen muchos funcionarios públicos.

Primero, porque es el poder del Estado que escoge a los miembros de la CCRD, y segundo, porque forma parte del Sistema Nacional de Control y Auditoría de los recursos públicos, el cual está constituido por la CCRD (control externo), la Contraloría General de la República (control interno), el Congreso Nacional (control político) y el Control Social (la sociedad, representada por sus instituciones).

Como podemos observar, el Congreso Nacional tiene facultad para destituir, interpelar, someter a la justicia o realizar un juicio político a los funcionarios que violen la ley, cometan actos de corrupción, realicen manejos inadecuados o distraigan los recursos públicos.

Ya existen denuncias y grandes críticas a la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, por la forma cómo se realizó la escogencia de las ternas de los aspirantes a formar parte del pleno de la nueva CCRD, por lo que se continúa haciendo más de lo mismo, cometiendo y aplicando las acostumbradas indelicadezas en dicha selección.

No nos sorprendamos si con esta escogencia se produzca otra crisis institucional, pues “de aquellos polvos vienen estos lodos”. Que Dios nos coja confesados.