Fui objeto de una distinción del Colegio Dominicano de Notarios, al invitarme a formar parte  de las comisiones que evalúan los exámenes aplicados a un grupo de  aspirantes a  notarios. La experiencia fue gratificante. Al comparar el procedimiento utilizado para la selección de estos oficiales públicos, con la forma antes empleada, donde las designaciones eran arbitrarias, producto del tráfico de influencias y, en ocasiones, hasta del pago de dinero, llegamos a la obligada conclusión  de que se ha producido, en este tema, una verdadera revolución.

Los aspirantes a notarios deben, por exigencia de la Suprema Corte, tomar un entrenamiento de aproximadamente cuarenta horas y luego participar en un concurso para registro de elegibles, identificados sólo por un código. Luego son evaluados por una comisión integrada por dos jueces, un registrador de títulos y un notario designado por el Colegio de Notarios, ninguna de cuyas personas conoce aquel a quien evalúa ni tiene posibilidad de identificarlo.

Los notarios que saldrán de estas jornadas tendrán, necesariamente, mejor calidad y formación  que los que se designaban sin método alguno. En un medio donde hay tantos motivos para quejas justificadas, donde las instituciones públicas y elementos de la propia justicia son modelos de deficiencia, es necesario lanzar un aleluya por saber que algo se está haciendo como debe ser. La Suprema Corte y el Colegio de Notarios demuestran con esta labor que muchas cosas se pueden cuando existe voluntad, aun cuando, como en este caso, se carezca de los recursos económicos suficientes.

El tema notarial en República Dominicana es de gravedad extrema. Estas medidas no cambiarán radicalmente la  situación; sin embargo el rigor  y empeño puestos por la SCJ y el CDN es un indicador de que, por lo menos en esto, avanzamos.