El avance de los conocimientos científicos y tecnológicos y sus implicaciones sobre los procesos productivos obligan a los países a ofrecer a sus habitantes una formación académica consistente, versátil y, sobre todo, susceptible de adaptarse a las necesarias innovaciones. La generalizada aspiración de que todos (plural genérico) tengan acceso a una educación gratuita y de calidad es uno de los factores que más han contribuido al consenso sobre la urgente necesidad de reformar los sistemas de instrucción pública, tanto los de las naciones industrializadas como los de las llamadas naciones en vía de desarrollo. ¿Cuál es el punto de partida de la reforma de la educación que los dominicanos pretendemos llevar a cabo? ¿De cuáles recursos disponemos? Desde los años 90 del pasado siglo 20, hemos venido realizando esfuerzos ingentes de escolarización y de mejora de la calidad de la instrucción pública. A pesar de ello, todavía persisten limitaciones y disfunciones vinculadas a la ordenación establecida en la Ley General de Educación 66-97. Durante las jornadas de discusiones del Pacto Nacional para la Reforma Educativa se puso de manifiesto las insuficiencias intrínsecas de dicho Edicto y sus problemas de adaptación a las necesidades de una sociedad como la nuestra, enfrentada a cambios tecnológicos acelerados y necesitada de formas culturales más ricas y más diversas. El diagnóstico de esas insuficiencias fue unánime entre los participantes en ese histórico cónclave. Allí, fueron reconocidas las carencias de ordenación y regulación de la educación inicial, así como la necesidad de una implicación más decidida del gobierno en su apoyo y estímulo, especialmente entre los grupos familiares menos favorecidos; se pusieron de manifiesto las dificultades curriculares existentes en los programas de estudios del bachillerato que originan un número excesivo de fracasos escolares; se acordó proporcionarles una respuesta adecuada a los estudiantes egresados del bachillerato, mediante el establecimiento de una conexión mayor entre la formación profesional y el mundo del trabajo; también, se notó la ausencia de currículos vertebrados, capaces de articular sin fisuras los procesos educativos desde los niveles iniciales hasta los últimos. Esos y otros problemas pendientes de solución, nos aconsejan replantear, en términos globales, la ordenación de nuestro sistema de instrucción pública, sin perder de vista que en las más de dos décadas transcurridas desde la promulgación de la Ley General de Educación, la sociedad dominicana ha experimentado transformaciones que afectan no solo a su estructura social, sino también a las actitudes, valores y creencias de las gentes.

En la actualidad, nuestro Sistema de Instrucción Pública se enfrenta a un doble desafío: por una parte, debe contribuir a dotar de sentido a la actividad de quienes, de forma transitoria o duradera, no forman parte de la población económicamente activa. Por otra, debe formar y capacitar a las personas para desenvolverse en marcos laborales que exigen el dominio de ciertas tecnologías y de saberes complejos.

En otro orden de ideas, recordemos que al final de cada año escolar aquí afloraban las quejas de padres de familias por los aumentos en el costo de matriculación de sus hijos en colegios privados. Gracias al aumento de las partidas presupuestarias dedicadas a educación, el Ministerio del ramo ha iniciado un ambicioso programa de construcción de escuelas; la puesta en ejecución de las llamadas tandas extendidas; un programa de reparto de uniformes, libros y útiles escolares; una revisión a profundidad de todos los planes y programas de estudios vigentes; y la ejecución de un ambicioso programa de capacitación y formación docente.

Todo esto ha dado lugar a un relanzamiento de la escuela pública y a la desaparición de la mala de imagen que antes se tenía de ella. Esto, preocupa a unos que otros dueños de colegios que presienten que los servicios que prestan sus establecimientos de enseñanza no serán tan necesarios ni tan valorados como los son hoy.