JESÚS DE LA ROSA
En un artículo de mi autoría publicado en este periódico, en su edición correspondiente al 24 de agosto recién pasado, planteamos que debía introducírsele una modificación a la ley que rige aquí en materia de salarios, de manera que a partir del año entrante todos los empleados públicos y del sector privado reciban 14 sueldos al año en vez de 13: un doble sueldo en agosto para enfrentar lo gastos de apertura del nuevo año escolar; y otro en diciembre para cubrir los gastos de celebración de las navidades.

Nos satisfizo que dicha propuesta haya tenido acogida en la Cámara de Diputados. En efecto, el diputado por la provincia Baoruco, licenciado Luis José González Sánchez, acaba de someter a la consideración de ese organismo legislativo un proyecto de ley que, de ser aprobado, autorizaría a las instituciones centralizadas de la administración pública y a las autónomas a otorgarles a todos sus empleados un sueldo número 14 equivalente al salario que perciben de acuerdo con la escala siguiente: a los empleados que ganan menos de 25 mil pesos mensuales, un sueldo equivalente al 100% de su salario mensual; a los que perciban entre 25 y 100 mil pesos mensuales, uno equivalente al 50% de su salario mensual; y a los que sus sueldos sean superiores a los 100 mil pesos mensuales, uno equivalente al 25% de los mismos.

En una parte del discurso que pronunciara en el Foro Empresarial de la Calidad de la Educación, inaugurado el 5 de este mes, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) afirmó que «la precariedad cualitativa de la escuela pública dominicana ha contribuido a ocasionar una especie de segregación social por medio del cual se intensifican muchas de las inequidades que resultan del comportamiento económico».

Detrás de esas expresiones subyace un infundio colosal que muchos repiten ad náuseam: Colegio privado es sinónimo de excelencia y escuela pública de desastre. Por fortuna no es así. En la República Dominicana, 2 millones 533 mil niños y jóvenes adolescentes cursan estudios en los niveles iniciales, básicos y medios. El 80% de ellos asiste a las escuelas y liceos públicos; y el 20% restante cursa estudios en colegios privados, es decir, la escuela dominicana es mayoritariamente pública. Aquí existen más escuelas públicas buenas que colegios privados buenos; también, más escuelas públicas malas que colegios privados malos. Todo es cuestión de estadística: del conjunto de los más salen más y del conjunto de los menos salen menos.

En los últimos tres años, la Secretaría de Estado de Educación Superior les ha otorgado becas a más de 3 mil bachilleres egresados con notas sobresalientes de liceos públicos para cursar estudios de grado en universidades y en institutos superiores del exterior. Hasta hoy, ningún estudiante favorecido con esas becas ha abandonado sus estudios, lo que habla bien de la calidad de muchas de nuestras escuelas y liceos públicos.

Como la Secretaría de Educación no acostumbra a promocionar sus escuelas, sólo un número reducido de personas sabemos que en los liceos secundarios Estados Unidos de América, Panamericano, Politécnico Loyola, Politécnico de Cristo Rey, Escuela de Peritos Contadores Víctor Estrella Liz y Liceo del Carmen se ofrece una enseñanza de igual o mejor calidad que la ofrecida en los mejores colegios privados. Y que lo mismo ocurre en decenas de escuelas, liceos y politécnicos del interior del país.

Si se hubiese cumplido con los especificado en la Ley 66-97 de que el gasto público anual en educación inicial, básica y media sea de un 4% del Producto Interno Bruto, y con la Ley 5578 que dicta que un 5% del Presupuesto Nacional sea destinado al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tal y como se cumplió, en su oportunidad, con la Ley de Protección e Incentivo Industrial y con la de Protección al Turismo, el nivel educacional del pueblo dominicano fuera mucho más elevado de lo que hoy es.

Siendo el sistema dominicano de instrucción pública el peor financiado de la América española, aquello de la baja calidad de la educación dominicana no pasa de ser una verdad a media. Lo único que necesitamos para avanzar en educación es que los gobiernos cumplan con las leyes, destinando al sostenimiento de la educación inicial, básica, y media una suma anual equivalente al 4% del Producto Bruto Interno (PBI), y otra al sostenimiento de las universidades estatales y a la ayuda de las privadas equivalente a un 2% del PBI. No necesitamos más.