Desde el inicio de la gestión de Valerie Julliand como responsable superior del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana, evidenció la forma en que manejaría los asuntos a su cargo.

Un ejemplo tuvo lugar en 2010, cuando la Oficina de Desarrollo Humano (ODH) publicó tres tomos del estudio “Política Social; Capacidades y Derechos”. Como era de esperarse, aquel informe develaba temas que originaron amplias discusiones entre gobernantes y gobernados. Entonces  un malhumorado vicepresidente Alburquerque reclamó a la señora Julliand para que se retractara de la forma en que el informe exponía las enormes deficiencias en educación y en salud del dispendioso Gobierno. Quizás por su desconocimiento de los políticos que ocupan el Palacio Nacional, o por no estar familiarizada con el equipo de investigación de la ODH o porque esa no es su área de conocimiento y experiencia, cometió el grave error de emitir declaraciones públicas desautorizando a uno de los mejores equipos de investigadores económicos y sociales que tiene este país.

Antecedentes sobran para demostrar las interferencias e intentos de manipulación de la verdad de parte de los funcionarios gubernamentales actuales. No hay que olvidar que cuando en 2008 se publicó el Informe sobre Desarrollo Humano titulado: “Desarrollo Humano; una Cuestión de Poder”, se hicieron presiones para postergar por largo tiempo su publicación porque la ODH consideraba como inadecuada la decisión de construir un tren urbano que el Gobierno llama Metro. Asimismo, hacía una evaluación de la intervención del Estado en la ciudad de Santo Domingo, privilegiando a las cosas y no a la gente. La validez de aquellos análisis es constatada ahora por los dominicanos. La práctica ha demostrado que ese tren urbano es una inversión absolutamente ineficiente y que el sistema político se ha convertido en una rémora para el avance de la sociedad dominicana. Esas inversiones han hecho de la ciudad de Santo Domingo un ambiente cada día más hostil para la ciudadanía.

Valerie Julliand nunca tendrá otra oportunidad para rectificar la primera impresión de docilidad que demostró aquel día ante el poder político vigente. Ese fue un ejemplo funesto para su recién iniciada gestión. La funcionaria del organismo internacional mostró desde entonces que la profesionalidad y la objetividad del equipo de investigación de la ODH tendrían menos importancia que las relaciones políticas que sostiene con el Gobierno actual.

Apenas un año después, la señora Julliand rechaza renovar los contratos de los tres coordinadores del equipo de investigación que mejores trabajos científicos ha realizado sobre la sociedad dominicana. Esa decisión resulta desconsiderada y vengativa porque fue tomada luego de ser demandada por acoso laboral en los mecanismos internos de Naciones Unidas. Esos profesionales habían sentido constantemente la presión para que ninguna opinión emitida desde allí pudiera irritar la epidermis del Palacio Nacional. Evidentemente, la señora tiene problemas en aceptar las objetivas, aunque urticantes, verdades  expresadas por profesionales de incuestionable calidad, que evidencian al despilfarrador Gobierno del doctor Leonel Fernández Reyna.

Debe suponerse que la decisión de desarticular al productivo equipo de investigación fue una decisión no consultada con autoridades superiores en la ONU. Nadie que valore en su justa medida la importancia de esas investigaciones como instrumento para la elaboración de políticas públicas podría pensar en desmembrarlas sin tener a mano otro que lo sustituya con los mismos niveles de calidad profesional y confiabilidad investigativa.

La señora Valerie Julliand está facultada para negarse a renovar los contratos de aquellos empleados que considere no se ajustan a sus lineamientos o por cualquier otra razón administrativa que pudiera considerar. Eso no se le cuestiona. Lo interesante sería preguntarle qué hará en lo adelante. ¿Descontinuará las investigaciones en las 23 provincias que faltan por estudiar? ¿Tiene intenciones de que la búsqueda de datos se haga con independencia y con libertad de acción como hasta ahora? ¿Estará evitando la funcionaria que se siga conociendo la miseria que vive el país bajo estas autoridades cuando va a iniciarse una campaña electoral presidencial? ¿Quién sale ganando de la censura y el silencio impuesto por la jefa del PNUD en momentos electorales?

Estas preguntas necesitan respuestas.