La persistencia del lucrativo y criminal comercio de medicinas falsas solo puede explicarse si la autoridad prefiere hacerse de la vista gorda. Eso también explica que sean echadas en saco roto las frecuentes denuncias que sobre este mal formulan personalidades y organizaciones generalmente bien informadas. Las autoridades saben dónde funcionan los laboratorios que falsifican medicinas y dónde almacenan esta mercancía que pone en riesgo la salud de la gente, pero solo hacen aspavientos circunstanciales para cubrir apariencias.

A pesar de que el comercio de medicinas falsas mueve tanto o más dinero que el narcotráfico, no se le persigue con la misma intensidad, ni siquiera porque la falsificación de marcas y fórmulas patentizadas por auténticos laboratorios provoca enormes pérdidas. Que se recuerde, en el país no se ha producido ninguna condena judicial severa contra personas sometidas como responsables de este delito.

Al Gobierno le corresponde adoptar políticas determinantes para combatir este comercio ilícito que atenta contra la salud y contra las marcas y fórmulas. Este tráfico no puede ser tan escurridizo que pueda evadir una investigación profunda basada en labor de inteligencia. Hay que adoptar políticas que acaben con el encubrimiento que parece proteger esta forma criminal de hacer dinero a costa de la salud de la gente.

HAY QUE PROTEGER PRO CONSUMIDOR

La directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, es un ejemplo de valor y coherencia en la defensa de los intereses de la gente. Desde mucho antes de ocupar ese cargo, ya defendía los intereses de los consumidores y orientaba a las amas de casa sobre la mejor manera de estirar y defender el presupuesto hogareño. Y ese trabajo en favor del sector más desprotegido provoca enojo en gente que ha vivido a costa de consumidores y usuarios.

Parece que para algunos es intolerable que esta esforzada mujer haya descubierto la manera de que se valen algunos para estafar a la gente en el despacho de gas licuado de petróleo, o de disfrazar fechas de vencimiento de productos, o que haya puesto en evidencia la mala fe de las letras pequeñitas de los contratos de adhesión. Hay que salirle al paso a estos intentos contra el único organismo que vela por los intereses de los consumidores y usuarios.