Uno de los rasgos característicos de este país, al menos en los últimos años, ha sido su preferencia por el endeudamiento externo.

Tan profundo andaba el vicio, que el Gobierno anterior no discriminó condiciones y se metió, sin el menor rubor, en préstamos a corto plazo y altos intereses que explican, entre otras cosas, nuestros afanes por caerle en gracia al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lo peor del caso es que se gastó a manos llenas el dinero de esos préstamos sin que necesariamente las erogaciones respondieran a prioridades de gran impacto social, sino más bien para tratar de agenciarle capital proselitista al proyecto reeleccionista.

Otro de nuestros rasgos es que contamos con un calamitoso sistema de salud pública, que no ha sido capaz de poner en marcha las partes concernientes al régimen de Seguridad Social. A esa pobreza sanitaria se debe que en nuestros centros de salud estatales falten frecuentemente medicamentos, reactivos, material gastable, o que sus estructuras físicas en algunos casos sean verdaderas ruinas.

Al invertir los cuantiosos recursos de los empréstitos, no hubo ni siquiera el intento por revertir las calamitosa situación del sistema de salud e introducir mejorías en sus estructuras básicas. Las inversiones fueron orientadas hacia aquellos campos en que lo invertido, las obras, retribuyera en capital político la finalmente derrotada reelección presidencial.

-II-

Con todos estos rasgos negativos, cómo se explica que el país dejara vencer el plazo de acceso de un empréstito blando, de US$30 millones, otorgado por el Banco Mundial el 27 de junio del 2003, pagadero en 17 años con un período de gracia de cinco años y que estaba destinado a financiar la primera fase del Programa de Apoyo de la Reforma del Sector Salud (PARSS).

El convenio de préstamo fue sometido el primero de octubre de este año por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, a través del Senado, que lo aprobó el 7 de este mes de diciembre y lo remitió el 14 a la Cámara de Diputados, que lo aprobó el lunes 27, precisamente el día en que vencía el período de acceso a los fondos.

Es bueno que se sepa que los US$30 millones del empréstito financiarían la mayor proporción del costo del PARSS, pues el Estado Dominicano sólo estaba comprometido a aportar una partida de US$12,066 millones.

Estas ocurrencias obligan a hacer notar un tercer rasgo que nos identifica ante la comunidad internacional y que se ha puesto de manifiesto en otras oportunidades. Se trata de que salimos por ahí pregonando la necesidad de financiamiento para prioridades, pero terminamos por desdeñar la cooperación que se nos aporte. Eso ha pasado también con donaciones, como equipos médicos aportados por Japón y que se deterioraron sin haber sido instalados, porque se les arrinconó en condiciones inadecuadas. Ha pasado también con el TLC con los Estados Unidos, que negociamos una serie de cosas y nos aparecimos luego con un impuesto al sirope de maíz que renegaba de lo acordado.

En el caso del empréstito, jamás se debió permitir que llegara la fecha de vencimiento del acceso a los fondos, ni siquiera sabiendo que los organismos internacionales como el Banco Mundial suelen otorgar prórrogas en casos semejantes para que el país que recibe el crédito pueda utilizarlo. Ese, desgraciadamente, es nuestro país.