Hoy 
Las veces que a los transportistas se les ha antojado aumentar los pasajes y/o acortar las rutas, lo han hecho y el Gobierno no ha tenido manera de impedirlo para proteger a los usuarios. Con la tarifa de carga ha ocurrido lo mismo.
Pero ahora -según ha revelado el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa- el Gobierno pretende proteger a los transportistas aumentándole un peso a cada galón de combustible, exceptuando, según se explica, el destinado a la generación de electricidad.
La medida pretendería lograr lo que nunca antes ha logrado el Gobierno: impedir que los transportistas aumenten los pasajes y la tarifa de carga.
Se deduce que la idea de gravar de esa manera los combustibles habría cobrado cuerpo a raíz de los acuerdos a que llegaron el Presidente Leonel Fernández y los empresarios del transporte, a propósito del anuncio de aumento de pasajes hecho por éstos.
Sería injusto gravar los combustibles que usan todos los que tienen vehículos para beneficiar a los relativamente pocos que explotan el pésimo servicio de transporte que tenemos.
Como todo impuesto, el anunciado por Bengoa debe pasar por el Congreso. Esperamos que el proyecto en cuestión reciba de los legisladores el absoluto rechazo que merece.
Los salarios deben aumentar
La pérdida de poder adquisitivo del salario es un factor de pobreza que en nuestro país ha crecido continuamente desde hace muchos años. Las revisiones de salarios se han concretado a la tarifa mínima, lo que ha generado distorsiones porque el mínimo ha llegado a alcanzar e incluso sobrepasar niveles salariales superiores. La pendiente negativa del poder adquisitivo se alimenta del carácter estático de los salarios sobre el nivel mínimo y las alzas en el costo de la canasta familiar.
Frente a esta realidad, es oportuna la propuesta del ministro de Trabajo, Maximiliano Puig, para que se produzca un alza general de salarios más allá del mínimo. Ante el hecho de que el Comité Nacional de Salarios solo está facultado para decidir sobre el salario mínimo, es necesario entonces articular un pacto entre Gobierno, empresarios y sindicatos para aprobar un aumento general de salarios que eleve el poder adquisitivo a niveles razonables.
