Para muchos dominicanos es un misterio cómo y por qué en el gobierno hay un grupito de funcionarios cuyo aporte político a sus triunfos electorales es “negligible”, cuya gestión está más que seriamente cuestionada y sin embargo gozan de una impunidad irritante que seguramente le resta al gobierno más soporte que el que malamente puedan darle.

Visto el asunto amoralmente, es impráctico ofrecer protección a estos malandrines, pues parece que a su paso por el gobierno sólo se benefician ellos mismos, a juzgar por las denuncias de la prensa.

La meditación se me ocurrió al leer en un diario cómo se alega que “el administrador de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez, solicitó al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública de unos terrenos, propiedad de su esposa (y otros familiares de ésta), ubicados en San Francisco de Macorís”, por los cuales el gobierno pagaría casi setenta millones de pesos.

El nuevo escándalo ha sido denunciado por la comunicadora Nuria Piera según cuyo programa de televisión el precio por metro de estos terrenos fue sobrevaluado. Según ella, los terrenos fueron tasados como si fuesen solares urbanos del centro de la ciudad cuando están en una zona rural de la provincia Duarte.

El reporte de prensa opina que “con esa recomendación al Poder Ejecutivo, el funcionario sorprendió en su buena fe al presidente Leonel Fernández, quien le aprobó la solicitud en tan solo cuatro meses, aunque el pago del inmueble está pendiente en el Ministerio de Hacienda”.

Pero resulta que según otro diario, desde hace dos años, la Cámara de Cuentas realizó una auditoría que mostraría serias irregularidades en la Administración General de Bienes Nacionales “que van desde pagos indebidos, gastos excesivos y nepotismo”. Esa auditoría nunca salió se publicó ni se sometió judicialmente a nadie por ella. En un reportaje anterior, la propia Nuria había revelado que en Bienes Nacionales hay 19 subadministradores, de los cuales sólo tres realizan funciones; todos cuentan con privilegios de dietas laborales, sueldos fijos y compensación por vehículos. Además, muchas personas reciben salarios sin presentarse a trabajar.

Ignorar las denuncias de la prensa es una manera terrible de subvertir la democracia. Que las autoridades hagan “el caso del loco” resulta ofensivo al público pensante, aunque lo denunciado no necesariamente sea cierto, como demuestran previas pifias de “denunciología”. Pero cuando el río suena tanto…