El Gobierno se ha propuesto, en medio de dificultades y demoras en los resultados, hacer que funcione una ruta de escape a los efectos de la pandemia del coronavirus sobre el quehacer educativo que debe ser salvado de una aguda desconexión de aprendizajes que deben llegar a la niñez y a la juventud.

La etapa inicial de adquisición de conocimientos está interferida para preadolescentes de escasas condiciones para aprender por medios electrónicos y de padres incapaces de sustituir maestros.

Y más de cien mil universitarios se apartaron ya de la formación profesional. Sumidos en crisis están los medios educativos para amplios sectores demográficos, incluyendo a los carenciados, ensombreciéndose su futuro desde antes por la baja la calidad de la educación.

Queda la opción de duplicar los esfuerzos hasta ahora dirigidos al gradual regreso a lo presencial en el marco de medidas rediseñadas para contener al virus SARS-CoV-2 que se manifiesta con rebrotes derivados de flexibilidades.

A pesar del preocupante panorama, ha ido en marcha la inmunización de gran parte del magisterio, están ampliados los alcances poblacionales de la vacunación y las estadísticas epidemiológicas certifican escasos riesgos para los menores de edad.

La protección de unos y otros en espacios docentes podría lograrse aplicando protocolos que han funcionado contra el contagio en diversos escenarios y latitudes.

Adecentar funciones

La agenda anticorrupción del Ministerio Público, que se muestra desvinculado de directrices ajenas a sus fines, con un Poder Ejecutivo comprometido con respetar su independencia, no es grata para todo el mundo y sobrepasa las reglas no escritas que han mantenido lejos de escrutinios institucionales a mecanismos ordinarios de fuerza, autoridad y recursos de inteligencia.

No sería razonable interpretar la desacostumbrada gestión ministerial como riesgosa para estatus y jerarquías alcanzados en buena ley.

¿Cómo negar que en muchos ámbitos del Estado han faltado efectivos controles internos y rendiciones de cuenta inequívocas?

La transparencia con sanciones logradas con actuaciones judiciales harían más efectivos y meritorios los roles de entidades estatales y de quienes las tienen a cargo y cumplen con su deber.