La experiencia con el Departamento de Prevención de la Corrupción, creado mediante decreto el 24 de julio 1997, pudo ser aleccionadora. Nadie escuchó ni cedió. La demanda pretendía la aplicación de la ley y no la creación de una dependencia que realizaría un trabajo propio del ministerio público. La respuesta fue el artículo avieso, la insinuación perversa. Equipo y método había para aplastar la disidencia.

Ya había atisbos de adecuaciones sin rigor. Comenzaba la influencia de la sociedad civil organizada y el Balaguer de los 10 años fue conminado a propiciar las reformas. Aprovecharon para los calcos, algunos risibles, con terminología desconocida. Empero, el mérito fue lograr que el oráculo de Navarrete cediera y auspiciara un proceso de transformaciones consensuadas. Con la particularidad y fragilidad del consenso criollo. Después de la crisis electoral del año 1994, el Pacto por la Democracia incluyó la reforma a la Constitución para prohibir la reelección consecutiva, establecer la doble vuelta electoral, la votación en colegios cerrados, la reforma del sistema judicial, la organización del registro electoral. La precipitación provocó errores y contradicciones. Seguían las propuestas para diseñar un mejor país. La agenda incluía referéndum, plebiscito, estatuto del ministerio público, nuevos tribunales, nuevos códigos, asamblea constituyente. El ambiente creado luego de la firma del Pacto auguraba el perfil del nuevo camino. El 16 de agosto de 1996 comienza la era de las innovaciones y de la armonía entre grupos de la sociedad seducidos por el presidente de la República. El cabildeo fue tan intenso como las propuestas. Aquello fue “El Dorado”. El hombre provocaba fascinación. La inteligencia dominicana, esa minoría taumatúrgica que cambia sin ningún reproche, coqueteaba con el adusto muchacho de Villa Juana. Él, había conseguido algo que esa colectividad no lograría jamás, aunque tuvieran bibliotecas, títulos de universidades europeas, contactos internacionales, militancia, heroicidad inventada.

El discurso pronunciado en la Asamblea Nacional, el día de la toma de posesión, aumentó la angurria. Sirvió para obviar el Frente Patriótico. El presidente incluyó los temas tratados en las tertulias que convocaban oportunistas e ilusos. Mencionó Internet, globalización, citó a Peter Drucker y su sociedad post capitalista, reivindicó la necesidad de unidad con la sociedad civil, con la oposición, para iniciar la transformación. Anunció la creación de la Comisión Presidencial Pro Reforma y Modernización del Estado. Comenzó el trajinar, la conceptualización, la época de seminarios, charlas, conferencias, viajes. La cooptación y el ofrecimiento. El mandatario conforma la comisión organizadora del Diálogo Nacional. La convocatoria fue masiva. Avaló la percepción de participación. Cualquier iniciativa tenía áulicos. Durante ese período se gestaron los proyectos que hoy son realidad. El Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, promulgado por el presidente Hipólito Mejía, tuvo su génesis en la terquedad de ese momento. Transcurrió el tiempo y ahora el reclamo para su modificación, concita el apoyo que pudo evitar las consecuencias negativas, derivadas de su vigencia.

Extravagancia y capricho permiten la colección de zapatos a Imelda Marcos, de pieles a Michèlle Bennette, también maravillas como el Taj Mahal. Admiten la realización de fantasías estrafalarias. Entre la Feria de la Paz y Confraternidad del mundo libre y el Faro a Colón, el Metro y el zooberto, la mayor extravagancia contemporánea de políticos y mandarines de la sociedad civil, ha sido la importación de instituciones. Porque sí, porque les da la gana. Porque el esnobismo institucional favorece la disquisición y el alarde. Aciertos hay, y muchos, pero la frustración acompaña esas pretensiones financiadas por la cuota de caridad del primer mundo. Así ocurre con el defensor del pueblo. El insistente parloteo abocó en el decreto 19-01. El Ombudsman sería salvación. Las bondades de la institución sueca fueron discutidas hasta el hartazgo. Argumentos a favor y en contra se cotejaron. El empecinamiento continuaba. La desidia impedía el nombramiento. En el 2010 adquiere categoría constitucional. Hoy, es la desesperación de una funcionaria, la convicción de inutilidad. Otro desacierto del esnobismo institucional.