Las peripecias que han retrasado la  construcción de la carretera San Cristóbal-Baní han multiplicado por 2.7 su costo original. Cuando fue concebida esta obra, cuya construcción comenzó el 23 de abril del 2002, su costo estaba estipulado en RD$1,500 millones, pero después de varios aplazamientos, rescisiones de contratos y nuevas adjudicaciones de la obra, esa carretera costará RD$4,000 millones, asumiendo el supuesto de que sea terminada en breve tiempo.

Ya antes,  peripecias similares inflaron significativamente los costos de la reparación del puente Juan Pablo Duarte, y la construcción de la avenida Jacobo Majluta y la autopista Del Coral, y otras obras no menos importantes.

En algunos casos han sido fallas de los contratistas y en otras del Gobierno, que no ha asignado los fondos con apego al calendario de desarrollo de la obra. En otros casos han sido las firmas a las que fueron adjudicadas las obras las que no han cumplido lo acordado. De cualquier modo, todo viene a concluir en que las finanzas públicas resultan penalizadas por la inflación de los costos y se prolongan por más del tiempo debido las molestias que toda construcción suele generar. Tenemos que crear los medios necesarios  para sancionar los retrasos injustificables de las obras. Tenemos que salirle al frente a aplazamientos que  siempre resultan onerosos para las finanzas del Estado.

Atentado contra la autoridad

El ataque a tiros contra el doctor Darío Morla Rodríguez, procurador fiscal de Higüey, es un suceso que hay que investigar hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. Se trata de un desafío de la delincuencia o el narcotráfico, no solo contra la autoridad del Ministerio Público, sino contra las reglas de convivencia de la sociedad dominicana. El funcionario judicial fue herido por uno de diez proyectiles que impactaron su vehículo.

La Policía y los organismos de seguridad del Estado deben descubrir el trasfondo de este atentado y establecer las responsabilidades correspondientes, sin miramientos. El Ministerio Público es un instrumento al servicio de la protección de la sociedad y sus intereses, y todo atentado contra uno de sus miembros desafía toda la autoridad del Estado. No podemos dejar que crezca más aún el monstruo que pretende hacer de este país un paraíso del delito y del crimen organizado.