En las campañas presidenciales los candidatos estilan hacer promesas de realizar obras de índole variada y otorgar nombramientos en  cargos públicos en las diferentes provincias y ciudades que recorren, acciones estas que saben de antemano que en un cuatrienio no las podrán cumplir todas, en el hipotético caso que obtengan el favor del voto del electorado y se ciñan la banda presidencial.  ¿Acaso valoran en ese momento los peligros que todos estos ofrecimientos implican?  Creemos que no.

Lo primero es, que los candidatos no toman en cuenta en esos momentos de calor político, que en nuestro país los gobiernos se rigen por un presupuesto anual con serias limitaciones en cuanto a los recursos económicos se refiere.  Esto implica que se debe evaluar los dineros que se encuentran en las arcas del Estado y tener una idea clara de la proyección de entradas a recaudar provenientes de los diferentes tipos de impuestos.  A su favor podría agregársele, la posibilidad de tomar empréstitos para, como se dice, “cuadrar” el presupuesto.

Cuando un candidato ofrece en determinada ciudad o zona el asfaltado de sus calles, el alumbrado eléctrico, la construcción de aceras y contenes, el sistema de drenaje y un acueducto, no hace una evaluación instantánea de cuánto en el fondo costarán todas estas promesas, que pueden compararse con las prácticas engañosas establecidas en nuestros códigos. Entonces, cuando se multiplican estos ofrecimientos por treintiuna provincias y más de ciento cincuenta municipios, sin contar los distritos municipales, nos damos cuenta de la magnitud de lo prometido. Entonces, estas ciudades, villas y pueblos, cuando ven que sus obras no son ejecutadas por el Poder Ejecutivo o se comienzan y se abandonan por falta de recursos económicos, empiezan las reclamaciones y protestas que en un principio son pacíficas, pero que al correr del tiempo se vuelven violentas y persistentes.  En varias ocasiones se han producido pérdidas de valiosas vidas humanas y  más de un manifestante ha quedado mutilado o enviado a la cárcel por revoltoso y agitador.

Según nuestro parecer, estas promesas de campaña son futuros elementos perturbadores de la paz ciudadana y entendemos que la Junta Central Electoral (JCE) debe intervenir para que esto no suceda.  Sin embargo, esta JCE no ha podido en más de diez años lograr que el Congreso le apruebe la Ley de Partidos Políticos, que sin lugar a dudas, regulará el accionar de los partidos políticos y, sobre todo, les limitará el uso indebido de los recursos del Estado y el dilapidar millones y millones de pesos en cartelones, cruzacalles, afiches, pintada de postes del tendido eléctrico y repartidera de bebidas alcohólicas en caravanas de vehículos en donde miles y miles de galones de gasolina y diesel son gastados alegremente por una multitud  que lo único que aporta es el voto inconsciente a favor de aquel candidato que por el momento le ha dado “pan y circo”.  Mientras las campañas electorales se basen en falsas promesas de obras sin posibilidades de ejecutarse, se realizarán cientos y cientos de protestas como las que actualmente nos arropan y que son una consecuencia de aquellas promesas de campaña incumplidas. Por eso el título, “aquellos polvos, traen estos lodos”.