El país, a 164 años de fundada la república, todavía no logra un desarrollo institucional a plenitud dentro del marco legal, en lo que concierne a la práctica médico legal.  Muy pocos nos escandalizamos cuando una familia desesperada retira en la cola de una motocicleta el cadáver de un deudo, retenido en una morgue hospitalaria, aguardando a que esos humildes familiares depositen miles de pesos a fin de poder realizarle la autopsia judicial correspondiente.

Recientemente es la segunda ocasión en que dos occisos han sido arrancados de las manos de las autoridades por grupos de sujetos de algunas barriadas capitalinas que  se niegan a que su muerto sea movido del lugar. El periodista Bienvenido Scharboy, del periódico Diario Libre, reseña el último hecho acaecido en la página 8 de la edición correspondiente al viernes 12 de diciembre de 2008. El titular de la noticia es el siguiente: Acribillan joven en Gualey.

Continúa la información: “Una multitud impidió ayer en el sector de Gualey, que agentes de la Policía Científica se llevaran a patología forense el cadáver de un joven con múltiples impactos de balas que había sido lanzado por desconocidos al fondo del río Ozama amarrado con un block y alambres eléctricos… Lucy Alcántara, médica forense, informó que el cuerpo presentaba múltiples heridas por proyectiles de armas de fuego, que por la cantidad no se pudieron contar, por lo que se presume fue acribillado por sus victimarios. Sobre los intentos de impedir que se llevaran el cuerpo, expresó que la Ley 136 de autopsias obliga a levantar el cadáver para los fines correspondientes. No obstante, afirmó que no iban a hacer resistencia a la comunidad, y que a las autoridades policiales les correspondía asumir su parte. En tanto, Emilio Serrano Pérez, tío de la víctima, no quería que se llevaran el cadáver de su sobrino, porque luego no se lo iban a entregar a los familiares. ¡Qué lo dejen! ¡Qué lo dejen! Vociferaba la multitud hasta que lograron su objetivo”.

Aparentemente la legista y la policía actuante entendieron como más cómodo y “prudente” el dejar que aquella turba se impusiera por encima de la ley, dando por concluido el peritaje. Nada de recolectar evidencias del cuerpo del difunto, especialmente proyectiles, para así realizar los estudios balísticos de lugar, a fin de poder identificar el o las armas utilizadas en el homicidio. Los perpetradores del crimen probablemente estaban dentro del grupo que se oponía al análisis forense. Gracias a la benevolencia y debilidad mostrada por las autoridades presentes  los asesinos podrán seguir matando gente sin que la justicia pueda condenarles debido a la falta de pruebas. Este tipo de incidente envía una señal equivocada a la sociedad. Solamente se requiere de dos o tres individuos envalentonados y el apoyo de un grupo para que la ley salga huyendo asustada como los chivos.  Por ahora estos son solo los polvos, esperemos el lodo y el fango que vendrá mañana en donde perecerá ahogada la práctica forense de la República Dominicana. Pagaremos justos y pecadores. ¡Que Dios se apiade de nosotros, amen!