Bogotá.– Los homosexuales se anotaron hoy una nueva victoria en la lucha por sus derechos en América, luego de que la CorteIDH emitiera una opinión en la que señala que es una obligación de los Estados garantizar el matrimonio a las parejas del mismo sexo, si bien la homofobia sigue siendo su principal flagelo.

En respuesta a una solicitud del Gobierno de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó que “es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio” y el de la libre identidad.

Esta opinión, que no es vinculante pero se considera un llamado de atención a los países americanos, ha representado un nuevo espaldarazo para la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGTB) del continente, que aún entre un manto de discriminación ha logrado avances significativos por sus derechos.

EE.UU. ha sido el abanderado en el reconocimiento de los derechos LGBT en el continente, luego de que en 2015 haya protagonizado una de las mayores victorias de esa comunidad en ese lado del mundo con la aprobación del matrimonio homosexual por el Tribunal Supremo, que declaró ilegales las leyes en 14 estados sobre el tema.

En 2010, sin embargo, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en autorizar por ley el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, otorgándole a los homosexuales los mismos derechos que a los heterosexuales, incluyendo el de adoptar.

Los LGTB brasileños han conquistado también importantes derechos sociales, jurídicos y políticos, como el matrimonio en 2015 y posteriormente el de la adopción y el cambio de identidad en documentos oficiales, pero aún esperan del Congreso la aprobación de su mayor reivindicación- la tipificación de la homofobia como un crimen, que ya ha dejado 340 víctimas fatales.

En México, en 12 de las 32 entidades federativas se pueden realizar matrimonios entre personas del mismo sexo sin tener que recurrir a un amparo con base en la resolución emitida el 12 de octubre de 2015 por el Supremo, que declaró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben el matrimonio homosexual.

Sin embargo, los crímenes de odio contra el colectivo persisten, con al menos 202 asesinatos de personas LGBT entre 2014 y 2016. También en 2015 y después de 4 años de tramitación, Chile aprobó el Acuerdo de Unión Civil para las parejas que conviven sin casarse, ya sean heterosexuales u homosexuales, pero varias propuestas de matrimonio gay se encuentran estancadas en el Parlamento.

Organizaciones LGBT chilenas han expresado que su “sueño” sigue siendo que la orientación sexual y la identidad de género dejen de ser un motivo para excluir y han mostrado su preocupación por la negativa del presidente electo Sebastián Piñera de legislar a favor de la adopción homoparental.

La población LGBT en Colombia ha logrado además importantes avances en cuanto a igualdad. A través de varios fallos del Supremo y la Corte Constitucional, los gais colombianos cuentan con los mismos derechos patrimoniales en pareja que los heterosexuales, así como a cambiar su sexo en el documento de identidad. Igualmente, una pareja del mismo sexo tiene permitido adoptar en Colombia y se reconoce su unión igualitaria, por lo que ningún juez o notario puede negarse a celebrar matrimonios.

En Ecuador, en tanto, no está permitido el matrimonio civil, pero sí las uniones de hecho, por lo que, desde 2014 hasta septiembre de 2017, la Dirección General de Registro Civil registró 385 uniones de personas LGBT. Perú, en contraste, no tiene permitido ni el matrimonio ni la adopción de personas homosexuales, e incluso los proyectos legislativos presentados en los últimos dos años para permitir una “unión civil” han sido archivados por el Congreso. En Centroamérica el panorama también es poco alentador.

En Panamá no está permitido el matrimonio y se espera que el Supremo resuelva una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Código de Familia, que busca invalidar un artículo que establece la unión voluntaria entre hombre y mujer y legalizar los matrimonios gay.

En El Salvador, los casamientos de personas del mismo sexo y la adopción están prohibidos, a pesar que diversas organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTBI y algunos diputados del oficialista FMLN piden que se legalice el matrimonio homosexual.

Honduras prohíbe también el matrimonio, así como las adopciones, y en la actualidad no existe ninguna iniciativa para legalizarlos. Costa Rica, sede de la CorteIDH, tampoco avala el matrimonio homosexual e iniciativas para legalizar las uniones de hecho están estancadas en el Congreso desde hace años.

El país sí ha mostrado algunos avances como el aseguramiento de este tipo de parejas en la Caja Costarricense del Seguro Social. Precisamente, el Gobierno costarricense solicitó la opinión consultiva a la CorteIDH para contar con un criterio que fortalezca el impulso a las iniciativas en favor de esta población, lo que ha generado llamados de colectivos LGBT a aprobar leyes sobre el tema.

Esta opinión de la CorteIDH ha sido también recibida favorablemente por varios organismos hemisféricos, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que la consideró de “enorme trascendencia para guiar” a los Estados americanos.