París.  España defiende que las contribuciones nacionales que cada país presenta de forma voluntaria en la lucha contra el cambio climático sean vinculantes y que se determinen los mecanismos para hacerlas exigibles jurídicamente.

El secretario de Estado español de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, aseguró hoy en declaraciones a la prensa en París que si los compromisos son vinculantes, ello debería ir acompañado de sanciones para los incumplidores.

Saavedra participa estos días en la última reunión ministerial preparatoria para la cumbre del cambio climático (COP21), que se celebrará en la capital francesa entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre y en la que se espera un gran acuerdo para limitar el calentamiento global a dos grados centígrados.

“En la reunión preCOP estamos tratando de que se alcance un acuerdo jurídicamente vinculante. Por el momento, las contribuciones nacionales son voluntarias. Lo que hace falta es que el acuerdo establezca mecanismos que las hagan exigibles jurídicamente”, señaló.

Saavedra es consciente de la “complejidad técnica” que ello acarrea, “porque hay muchas sensibilidades e intereses diferentes de los Estados para ver en qué consiste la obligación, cómo se va a exigir».   Sin embargo, consideró que ya existe un consenso respecto a la “responsabilidad común pero diferenciada” de cada país de acuerdo con sus capacidades.

“Para que sea jurídicamente vinculante, si no hay sanciones se queda un poco vacío de contenido, con lo cual queremos que haya un mecanismo de incentivos y de sanciones”, aunque apostó por favorecer a los sectores menos contaminantes, no tanto a través de subsidios sino de “ventajas de todo orden».

España, como miembro de la UE no tiene una contribución nacional específica, sino que comparte la comunitaria, que está cifrada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 40 % para 2030 respecto a los niveles de 1990 y en que las renovables alcancen el 27 % del total de la producción energética para ese mismo año.

Saavedra se mostró asimismo optimista sobre el objetivo de movilizar, a partir de 2020, 100.000 millones anuales para financiar acciones de mitigación y adaptación del cambio climático en países en desarrollo, aunque la forma de cuantificar esa partida también es objeto de estudio estos días.

La reunión “preCOP” se clausurará mañana para dar paso, dentro de tres semanas, a la COP21, que se abrirá con una cumbre a la que se prevé que acudan más de cien jefes de Estado y de Gobierno.