España acoge 600,000 trabajadores inmigrantes

España acoge 600,000 trabajadores inmigrantes

MADRID (AFP).- Unos 600.000 trabajadores inmigrantes, la mitad latinoamericanos, adhirieron al proceso extraordinario de regularización abierto durante tres meses por el gobierno español, que concluirá el sábado, pese al reclamo de asociaciones, partidos políticos e Iglesia de prolongarlo.

Unos 600.000 extranjeros con un contrato de trabajo bajo el brazo, un certificado de antecedentes penales limpio de su país de origen y un certificado de empadronamiento que acreditase su entrada a España antes del 7 de agosto de 2004 incluido, solicitaron su permiso de residencia y de trabajo en España por un año renovable, según datos oficiales provisionales.

Sin embargo, esta cifra de solicitantes de papeles -que lideran ecuatorianos, rumanos, marroquíes y colombianos- que comenzarán a hacer aportes a la seguridad social española, es inferior a la cantidad de sin papeles que viven en este país, donde según datos comparativos oficiales viven 1,7 millones de extranjeros en situación irregular.

Estos trabajadores que dejarán de trabajar en negro, aportarán un mínimo de 118 millones de euros mensuales a la seguridad social, según cálculos que publicó esta semana el diario El País.

El proceso de «normalización» de inmigrantes irregulares abierto por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero del 7 de febrero al 7 de mayo, fue fruto de un acuerdo con empresarios, sindicatos, asociaciones de inmigrantes y partidos políticos, excepto el opositor Partido Popular (PP, derecha), que criticó sin cesar esta medida.

El PP, en el poder entre 1996 y 2004, período durante el cual la cantidad de inmigrantes se cuadruplicó hasta 2,6 millones de personas, insistió en que el proceso de regularización provocaría un «efecto llamada».

Los ecuatorianos lideran la lista de solicitantes de papeles con 123.313 personas, según datos provisorios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De América Latina les siguen colombianos (48.745), bolivianos (33.121), argentinos (18.046), uruguayos (8.300) y brasileños (5.395).

Rumanos, marroquíes, búlgaros, ucranianos, paquistaníes, chinos y senegaleses totalizan 199.401 solicitudes.

El 93,85% de los expedientes fueron admitidos.

Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que mayor cantidad de solicitudes recibieron en este proceso excepcional, el séptimo desde 1991 en España durante gobiernos socialistas o conservadores, que sin contar al actual, beneficiaron a unos 580.000 inmigrantes.

Dos semanas antes del cierre del proceso, se registró un aluvión de solicitudes. Ante el incremento de más del 1.000%, la coalición Izquierda Unida (IU, pro-comunista) advirtió que el actual plazo «no va a ser suficiente para que el proceso culmine adecuadamente», mientras el Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado) consideró que si el gobierno flexibilizó el requisito del certificado de empadronamiento, los empresarios deberían, entonces, disponer de un mayor plazo para regularizar a sus trabajadores.

El presidente de la comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Sánchez, criticó la duración del proceso pues «se ha hecho con falta de rigor».

A mediados de abril, el gobierno autorizó que otros documentos españoles oficiales como la tarjeta sanitaria o una notificación de expulsión, sirvieran para acreditar que el inmigrante estaba en España desde la fecha estipulada.

«Es imposible cambiar la fecha» de cierre del proceso, afirmó la secretaría de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, escudándose en que debería reformarse «un Real Decreto».

Por ser el último día del proceso, el sábado próximo, los 160 centros de seguridad social recibirán solicitudes de 09H00 a 21H00 locales.

Una vez concluido el proceso, comenzará a funcionar con rigor la inspección laboral para que no haya trabajadores en negro, reiteró Rumí, pues uno de los objetivos de este proceso fue justamente, según el gobierno, «acabar con el empleo ilegal».

No obstante, varias entidades llamaron la atención sobre la cantidad de despidos que se produjeron en estos meses por parte de empresarios que prefieren tener inmigrantes ilegales.

En España viven 3,69 millones de extranjeros -entre legales e ilegales-, es decir el 8,4% de la población total (43,97 millones), según datos provisionales oficiales al primero de enero de 2005.

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