MADRID (AFP).- El gobierno español aprobó el jueves la normativa de aplicación de la ley de Extranjería que regularizará la situación de unos 800.000 trabajadores inmigrantes ilegales, muchos de ellos latinoamericanos.

El denominado Reglamento de Extranjería, que el gobierno socialista elaboró con partidos políticos, excepto el Partido Popular (PP, derecha), sindicatos, empresarios y entidades de inmigrantes, entrará en vigor en febrero, cuando comience un proceso de normalización extraordinario que durará tres meses.

Así lo indica el texto que el gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el jueves en su último consejo de ministros de 2004, con el objetivo de propiciar una «inmigración legal y ordenada».

El proceso de regularización extraordinario, que será entre febrero y abril, permitirá poner fin a la situación en que se encuentran la gran mayoría del millón de ilegales que viven en España, de los cuales 600.000 proceden de América Latina.

Esta medida «transitoria va a permitir aflorar la economía sumergida», indicó el gobierno que alcanzó un acuerdo con empresarios y sindicatos para que esos trabajadores sean contratados legalmente, lo que permitirá al Estado «recuperar las contribuciones al sistema impositivo y cotizaciones sociales» que hasta ahora no recibía.

A ese proceso podrán acogerse los trabajadores extranjeros sin papeles que hayan llegado a España seis meses antes de la entrada en vigor del reglamento de desarrollo, y que cuenten con un contrato de trabajo real.

«Quien esté trabajando, tendrá un permiso de residencia», afirmó el jueves el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, al anunciar la aprobación de reglamento en rueda de prensa.

El empleador o empresario será quien presentará la documentación ante la administración, acompañada de un certificado de antecedentes penales, el certificado de empadronamiento del inmigrante y un contrato de trabajo de seis meses.

En el plazo de un mes, el empresario deberá inscribir al inmigrante trabajador en el sistema de seguridad social para que entre en vigencia el permiso de residencia.

Unas 40 organizaciones de inmigrantes, derechos humanos y legales, nucleadas en la Red Ciudadana por la Igualdad, instaron a fines de noviembre al gobierno a incluir una serie de modificaciones a su reglamento sobre inmigración para que no termine siendo un «estrepitoso fracaso».

Entre esos cambios sugerían que la normativa contemple a los trabajadores autónomos, que acepte otras formas de acreditar la entrada a España que no sólo sea el empadronamiento, que prevea la legalización del núcleo familiar y que flexibilice la exigencia del certificado de antecedentes penales.

El reglamento de extranjería también contempla la residencia por arraigo laboral, social o motivos humanitarios.

En su propósito de luchar contra la inmigración clandestina, el gobierno español indicó que seguirá implementando el control de fronteras, los retornos, las devoluciones y expulsiones y la inspección laboral para evitar la explotación y la contratación irregular de trabajadores.

Más de 2,6 millones de personas de los 43 millones de habitantes que hay en España, son extranjeros. Ecuatorianos, colombianos y argentinos constituyen las comunidades más numerosas procedentes de América Latina, mientras que los marroquíes son los primeros de Africa.