Madrid.   Agencias. El paquete de medidas para reactivar la economía ya tiene la luz verde del Consejo de Ministros. Las entidades financieras que opten por aliarse en sistemas institucional de protección (SIP), una suerte de fusión virtual que permiten compartir riesgos y solvencia sin proceder a la integración efectiva, deberán suscribir un compromiso de permanencia de al menos 10 años.

Además, cada unos de estos acuerdos deberá contar con una entidad central con personalidad jurídica, que puede ser de nueva creación o uno de los integrantes del SIP, pero es difícil que pueda ser una caja de ahorros debido a su naturaleza. El Gobierno ha intentado poner orden con esta medida en la maraña que suponen estas alternativas a las fusiones entre entidades, dentro del Decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros.

El decreto ley aprobado también recoge varias modificaciones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), como la que permitirá a aquellas firmas en concurso de acreedores de forma voluntaria (antigua suspensión de pagos) o con acuerdos con sus acreedores obtener contratos del Estado o beneficiarse de subvenciones.

Son acuerdos resultantes del llamado Pacto de Zurbano entre los partidos, un pacto que  dejó fuera otras actuaciones de calados para las empresas pequeñas y autónomos como los préstamos directos del Instituto de Crédito Público.