Madrid. De los Servicios de Hoy. El gobierno español informó que  trabaja en la identificación de una medidas para imponer nuevas sanciones y penas a los corruptos y dejar clara cuál es la labor de los cargos públicos.

Con este objetivo, el Grupo de Trabajo para la regeneración democrática empezó a estudiar desde ayer  un conjunto de reformas legales para mejorar la lucha contra la corrupción, según confirmó  el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió ayer en la tarde  en el Palacio de la Moncloa la primera reunión de ese grupo de trabajo que conforman Ayllón y los subsecretarios de Presidencia, Interior, Justicia y Hacienda, así como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

Durante una conferencia en el V Foro Iberoamericano de la Fundación Iberoamericana de Estudios Jurídicos, Ayllón ha asegurado que el Gobierno va a impulsar una Ley orgánica que controle la actividad financiera y económica de los partidos políticos y que garantice la «transparencia y control de sus cuentas».

Esa norma, ha proseguido, asegurará la «explicación ante los ciudadanos de la situación contable» de los partidos, incluyendo sus presupuestos y la forma de contratar, con comparecencias ante el Parlamento de los gerentes o tesoreros de las formaciones políticas.

«Creo que puede ser una norma que va a ayudar mucho, una norma que producirá modificaciones tanto en la Ley Orgánica de Partidos Políticos como en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos e incluso en la Ley del Tribunal de Cuentas», ha manifestado.

Además, Ayllón ha afirmado que el Gobierno va a modificar la Ley del Tribunal de Cuentas «para darle más instrumentos de trabajo» mediante una «mejor integración» con otros organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, que tienen «información pública sobre las cuentas de la administración para poder valorar y tener en todo momento claro cuál es la situación contable que se vive en los partidos».

También «para que el Tribunal de Cuentas sea cada vez un arma más potente para la lucha contra la corrupción».

También ha avanzado que el Ejecutivo abordará una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para «fortalecer» el régimen de las prohibiciones de contratación con dicho sector «a todas las personas físicas y jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción».

Otra de las nuevas normas en las que trabajará el Gobierno, ha explicado Ayllón, es una ley reguladora de las funciones políticas que constituirá un «verdadero estatuto del cargo público para que en España todos los ciudadanos sepan qué es lo que hace, qué es lo que recibe.

Además  qué es a lo que renuncia» un político en cualquier ámbito administrativo.