Madrid.-Una jueza española emitió hoy una orden europea de busca y captura contra el presidente independentista catalán destituido Carles Puigdemont, quien no obstante, desde Bruselas, se declaró dispuesto a presentarse a las elecciones regionales del 21 de diciembre.

La jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional dirigió la euroorden contra Puigdemont y cuatro de sus ministros a las autoridades judiciales de Bélgica, a donde estos viajaron «con la única finalidad de eludir las posibles responsabilidades que pudieran tener en España», según el auto.

La fiscalía federal belga confirmó a la AFP la recepción de la orden, afirmando que «se estudiará, y luego será entregada a un juez de instrucción».

La magistrada española tomó esta decisión tras su no comparecencia para declarar el jueves junto a los otros nueve miembros del ejecutivo catalán, todos investigados por rebelión, sedición y malversación por su papel en la proclamación de independencia de Cataluña el 27 de octubre.

Casi al mismo tiempo, Puigdemont afirmaba al canal belga RTBF: «Estoy dispuesto a ser candidato», incluso haciendo campaña en el extranjero.

Es algo que puede hacer mientras no haya condena firme en su contra, según admitió el gobierno español este viernes. Lamela envió el jueves a ocho de los nueve responsables catalanes que declararon a prisión provisional por su «papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado».

Salió en libertad con fianza un noveno consejero, que había dimitido antes de la proclamación de la independencia que llevó al gobierno central a asumir el control de la región, cesando a su ejecutivo y convocando las elecciones.

‘Presos políticos’. Las encarcelaciones fueron repudiadas por los independentistas en Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes cuya problación está profundamente dividida ante la secesión. Al igual que el jueves, miles de personas se concentraron en Barcelona, en defensa de Puigdemont y pidiendo la liberación de los «presos políticos» de su gobierno.

«Estoy aquí porque no estoy de acuerdo en que haya presos políticos», dijo Melanie Ortiz de 27 años a AFP frente a la sede del gobierno catalán, donde se coreaban eslóganes como «Ni un paso atrás» y «Viva la república». Durante la jornada, grupos de manifestantes cortaron brevemente este viernes varias carreteras de Cataluña y una línea de tren en protesta por los encarcelamientos.

Dos influyentes organizaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural -cuyos líderes se encuentran en prisión provisional desde el 16 de octubre-, han llamado a nuevas manifestaciones en los próximos días, en preparación de una gran concentración el sábado 11 que esperan sea multitudinaria. También invitaron a apoyar una huelga general convocada por una intersindical independentista para el miércoles 8.

Impacto económico. A siete semanas de las elecciones, las medidas judiciales reabren el debate en filas independentistas y de la izquierda de cómo participar.

La derecha y la izquierda independentistas (PDeCat y ERC), que se presentaron en coalición en 2015, llamaron a bajar el tono de las disputas entre ellos y presentar un frente común.

«Pedimos a todos que seamos capaces de ponernos de acuerdo ¡…¿ una candidatura orgullosa de todo lo que hemos hecho, hemos llegado muy lejos», dijo a periodistas Marta Pascal, portavoz del PDeCAT, partido de Puigdemont.

«Es absolutamente imprescindible alguna estrategia compartida contra la represión ¡…¿. El rival está muy coordinado», estimó de su lado Sergi Sabrià, de ERC (izquierda republicana), a Catalunya Radio.

Entre tanto, muchas empresas siguen trasladándose fuera de Cataluña en respuesta a la grave crisis política: 2.066 se fueron desde principios de octubre, según datos del Colegio de Registradores. Cataluña fue la región española que tuvo peor desempeño en octubre en cuanto a empleo, con un incremento de 14.700 desempleados, según cifras oficiales divulgadas el viernes.

«Estos datos muestran claramente que esta situación es de extrema gravedad», advirtió en rueda de prensa el delegado del gobierno español en la región, Enric Millo, que advirtió el impacto negativo sobre el sector turismo, que representa un 12% del PIB catalán.

La tasa de ocupación de los hoteles en Barcelona fue de 83% en la última semana de octubre, por debajo del 90% habitual, y 67% de los hoteleros dijeron haber bajado su precios para compensar, según una encuesta del gobierno central.

«Con las elecciones del 21 de diciembre el gobierno espera lograr estabilidad, seguridad y certeza en Cataluña», dijo Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno de Mariano Rajoy, que convocó esas regionales en virtud del poder de intervenir la administración de una región que desobedece las leyes, que le otorga el artículo 155 de la Constitución.