MADRID. AFP. El gobierno español inició ayer  la privatización del control aéreo en 13 aeropuertos españoles tras la huelga que cumplieron los controladores a principios de diciembre, que paralizó el tráfico aéreo durante casi 24 horas.   La privatización del control aéreo, «la reforma estructural de mayor calado de los últimos años en el ámbito aeroportuario», tiene dos objetivos, «mejorar la calidad del servicio de control de torre y su eficiencia económica», explicó en un comunicado el ministerio español de Fomento, encargado de los transportes.  

Ello supone «la entrada en el mercado español de proveedores de servicios de control de torre diferentes de Aena», la empresa pública de gestión aeroportuaria, precisó. Los 13 aeródromos, de un total de 47 que hay, son los de Alicante, Valencia, Sabadell, Ibiza, Jerez, Sevilla, Melilla, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, A Coruña, Vigo y Cuatro Vientos.   La privatización del control aéreo se enmarca en un plan gubernamental para rebajar los costes de este servicio, a pedido de la Comisión Europea, lo que incluyó el recorte de sueldos este año a un sector que era el que más ganaba de la Unión Europea.

   Los servicios de control de torre están liberalizados totalmente en Reino Unido y Suecia y de forma parcial en Dinamarca y Alemania, indicó el ministerio ayer.   Los controladores españoles cumplieron el 3 y 4 de diciembre una huelga sorpresiva de casi 24 horas en protesta por sus condiciones laborales que obligó al cierre de todo el espacio aéreo español, con la consiguiente paralización del tráfico aéreo.

  El gobierno decretó el estado de alarma, vigente hasta el 15 de enero, para evitar otra posible huelga durante las festividades navideñas y de fin de año.   En virtud de este decreto, el ejército pasó a controlar las torres de control aéreo hasta el 15 de enero. Ayer, la fiscalía de Madrid presentó una denuncia ante la justicia contra los controladores aéreos de los aeropuertos de la región madrileña por un delito de sedición, punible con unos 8 años de prisión, dijeron medios españoles.

Aprueban  informe reforma  pensiones

Madrid.  La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, el órgano donde se debaten las pensiones, aprobó  por 36 votos a favor y dos en contra el informe con sus recomendaciones al Gobierno para reformar el sistema y en las que no se incluye la necesidad de elevar la edad de jubilación. En  el debate previo a la votación, todos los grupos menos el PSOE y CiU han cuestionado la insistencia del gobierno por elevar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Entre los reproches lanzados contra el Ejecutivo, IU le ha acusado de «actuar al dictado de los mercados», BNG de no defenderse contra el «misil lanzado por el capitalismo puro contra el estado del bienestar»; mientras el PP le ha tildado de «dogmático» y le ha acusado de forzar con sus prisas que no haya habido un acuerdo más amplio.El documento consensuado entre los partidos recoge 21 puntos para actualizar las pensiones.

Entre ellas, destaca que, por primera vez desde la creación del Pacto, los grupos han dejado por escrito su desacuerdo sobre la voluntad del Ejecutivo de elevar la edad legal de jubilación. Frente a ello, sí han pactado la necesidad de alargar el periodo de cómputo de las prestaciones, aunque sin dar una cifra concreta. El texto, que ahora será debatido en el Pleno del Congreso previsiblemente el próximo  25 de enero, también muestra el rechazo de la mayoría de los partidos contra la congelación de las pensiones contributivas en 2011. La mitad de los recién jubilados ha cotizado más de 36 años. Sobre otra de las propuestas recogidas en las conclusiones, que es la necesidad de facilitar la jubilación a los 65 de quienes hayan cotizado durante muchos años o hayan trabajado en oficios penosos, este factor permitirá que el aumento de la edad de jubilación afecte aproximadamente a la mitad de los trabajadores que tengan previsto retirarse en los próximos años.