MADRID,  (AFP) – El gobierno español hará un «esfuerzo diplomático» con sus pares de América Latina para explicar la medida tomada por la Unión Europea (UE) para expulsar a los inmigrantes ilegales, ante la lluvia de críticas de la región.

   Este «esfuerzo diplomático de información» lo hará el gobierno porque «lo que hace falta es una mayor información sobre la concreción y en qué se traducen estas políticas, especialmente la de gobierno de España», declaró en conferencia de prensa la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.

   El gobierno español está «absolutamente seguro» de que los países latinoamericanos «compartirán y apoyarán» la decisión de la UE.

   La UE decidió el miércoles que los extranjeros en situación ilegal que van a ser expulsados de un país europeo estén retenidos hasta 18 meses, lo que le ha valido las críticas de numerosos gobiernos latinoamericanos.

   La decisión «establece un marco de garantías mínimas, permite que países que no tenían ninguna garantía, la tengan», ya que 17 países europeos no tenían un límite a estas detenciones, recordó De la Vega.

   Además insistió en que la medida, que sólo fija un tope, «no es aplicable a España», cuya ley sitúa en 40 días el plazo de detención.

   Esta legislación, que el gobierno quiere ampliar a 60 días para tener más tiempo para organizar las expulsiones, «garantiza los derechos de los inmigrantes», aseguró la número dos del gobierno español.

   Pero los extranjeros «tienen que ajustarse también a las circunstancias que en estos momentos vive el país», advirtió la vicepresidenta, que reconoció que el gobierno español está «haciendo algunos ajustes que vienen deteminados por una situación en donde hay menor crecimiento y menor empleo que ha habido en años anteriores».

   El gobierno socialista español, que defiende una «inmigración legal y ordenada, integración y lucha contra la inmigración irregular y cooperación al desarrollo», según De la Vega, prepara además un plan de retorno voluntario de inmigrantes incentivado para paliar el incremento del desempleo en España causado por la crisis económica.

   A los trabajadores extranjeros les afecta sobre todo en el sector de la construcción, hiperdesarrollado en España y en consecuencia el más golpeado por la desaceleración económica.

   La vicepresidenta defendió que la política sobre inmigración del gobierno socialista español, que «sustancialmente no ha variado en cuatro años», sino que sólo ha sido «reconducida», es «alabada por los países de Europa y los países emisores de la inmigración».

   Con éstos el gobierno tiene una «colaboración muy importante que no va a disminuir, sino que se va a seguir incrementando», aseguró.