MADRID (AFP).- España inició este lunes un proceso excepcional de regularización, el sexto desde 1991, que beneficiará a por lo menos medio millón de inmigrantes que tengan un contrato de trabajo, entre otros requisitos.

   Según datos oficiales, de los 2,6 millones de extranjeros que residen en España, un millón son irregulares. Ecuatorianos, colombianos, rumanos y marroquíes son los inmigrantes que más cantidad de certificados de antecedentes penales han solicitado a sus respectivos países para poder normalizar su situación.

   Este proceso extraordinario de regularización se extenderá hasta el 7 de mayo, plazo al cabo del cual los extranjeros que reúnan una serie de requisitos obtendrán un permiso de residencia y trabajo por un año renovable.

   El proceso pretende «hacer emerger la economía sumergida y acabar con los gastos sociales que genera el trabajo irregular», afirmó la secretaria de Estado para Inmigración, Consuelo Rumí.

   «Los empresarios que sigan teniendo a irregulares trabajando deben saber que estamos dispuestos a aplicar la ley. Es la última oportunidad que tienen para ponerse al día», sostuvo Rumí en una entrevista publicada el lunes por el diario El País, antes de indicar que las multas podrán ascender hasta 60.000 euros por trabajador.

   Este proceso se enmarca en el reglamento de aplicación de la ley de extranjería que el gobierno socialista elaboró con partidos políticos, empresarios, sindicatos, asociaciones de inmigrantes, excepto el opositor Partido Popular (PP, derecha), que reiteró sus advertencias de que este proceso provocará un «efecto llamada».

   Los inmigrantes deberán presentar -a través de sus empleadores- un certificado de empadronamiento en un ayuntamiento español con fecha previa al 7 de agosto de 2004 incluido, un certificado de antecedentes penales limpio de su país de origen y un contrato de trabajo de seis meses.

   En la construcción y la hotelería, los contratos serán de seis meses aunque discontinuos en un año; en la agricultura deberán ser de tres meses y en el servicio doméstico deberán acreditar 30 horas semanales.

   Ecuatorianos, colombianos, rumanos y marroquíes son los inmigrantes que más cantidad de certificados de antecedentes penales han solicitado para poder acogerse al proceso de regularización, indicó Rumí a la agencia Europa Press.

   A partir de este lunes, 160 oficinas de la seguridad social repartidas en todo el país atenderán de forma extraordinaria por la tarde para recibir las solicitudes de regularización. Sindicatos, organizaciones de inmigrantes y organizaciones no gubernamentales atenderán 742 puntos de información, mientras que 52 oficinas de Extranjería tramitarán los expedientes.

   Según datos oficiales, de los 2,6 millones de extranjeros que hay en España, un millón son irregulares. En un primer momento, el gobierno había estimado que este proceso beneficiaría a unas 800.000 personas, pero entidades de inmigrantes reducen esa cifra a medio millón.

   «El número preciso de los beneficiarios es imposible de establecer», indicó Consuelo Rumí, para quien «en buena lógica, el número de personas que podrán ser documentadas será considerablemente menor al millón».

   SOS Racismo advirtió el lunes que muchos inmigrantes quedarán fuera del proceso pues no podrán presentar el certificado de empadronamiento, mientras que la asociación Karibu, afirmó que «da la espalda» a los inmigrantes africanos, que en gran medida, no pueden reunir ningún requisito.

   La segunda etapa de este proceso corresponderá a las inspecciones de trabajo, que serán «reforzadas y prestarán una vigilancia especial», indicó la funcionaria del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que a su llegada al poder en abril de 2004 se pronunció por una inmigración «legal y ordenada».

   Desde 1991, los gobiernos de España, socialistas o conservadores, efectuaron seis procesos de regularización que beneficiaron a más de 580.000 inmigrantes, según cifras oficiales.