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MADRID
Reuters
El Gobierno español prepara una segunda fase de recapitalización de las cajas de ahorros con reformas que permitirían que el Estado entre en la propiedad de las entidades a cambio de nuevas inyecciones de capital y su transformación en bancos, según una fuente cercana al proceso.
La fuente indicó ayer que esta eventual entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al capital de las cajas -en caso de que no haya interés privado- sería de carácter transitorio, ya que una vez reordenadas las entidades, el Estado intentaría deshacerse de las participaciones. El Gobierno español trataría así de resolver las dudas sobre un posible rescate internacional a España por su necesidad de sostener el sistema financiero.
El mismo FROB reconoció en una reciente presentación a inversores que entre las posibles actuaciones públicas para reforzar la solvencia de las entidades se contempla permitir la entrada de la agencia estatal en las cajas de manera directa.
«Si es necesario, el FROB podría otorgar apoyo temporal para ayudar a las entidades a captar fondos de inversores privados; en última instancia, el FROB podría proporcionar los fondos directamente tomando una participación de la entidad de manera temporal», dijo. Esta forma de ayudar a las cajas contaría con la ventaja de que, a diferencia de las ayudas concedidas hasta el momento, las entidades no tendrían que pagar elevados intereses por los préstamos recibidos, en un contexto de decrecientes ingresos.
Una eventual incorporación al capital de las cajas no elevaría en primera instancia el déficit público español, ya que las acciones de las entidades se sumarían al balance público, aunque en la venta posterior sí podrían haber pérdidas o ganancias en función de la evolución del valor de los activos, dijo la fuente.
No obstante, analistas destacan que los fondos que tendría que captar el FROB para estas operaciones se unirían al complicado calendario de vencimientos de deuda del sector financiero y del Estado.
El dinero «aumentará las necesidades de endeudamiento del Gobierno y esto es uno de los problemas que está cayendo, porque desconocemos todavía (…) cuánto van a necesitar las cajas», dijo en Radio Nacional de España Josep Soler, director general del instituto IEF.
Pese a todo, la recapitalización pública de las cajas es vista con buenos ojos por los analistas, ya que se aliviaría la inquietud por el proceso de saneamiento del sector financiero.
«Yo diría que este proceso nos está señalando la salida de la crisis del sector financiero, pero, mucho más allá de esto, la solución de este problema es también la solución a las dudas y la falta de confianza con la deuda española», agregó Soler.
Los fondos necesarios para la recapitalización no serían abultados, según la fuente, ya que la necesidad de ayuda pública solo se daría en casos aislados.
El jueves, el diario Wall Street Journal indicó que el capital que captaría el Estado español para la recapitalización rondaría los 30.000 millones de euros (40.700 millones de dólares). Las dudas sobre las cuentas públicas portuguesas y el temor al contagio a España elevaron en las primeras semanas del año las tensiones en los mercados, elevando las primas de riesgo de la deuda de los países de la periferia europea a niveles desconocidos desde el lanzamiento del euro.
El viernes, el diferencial del bono español a 10 años frente al referencial alemán cotizaba por debajo de los 220 puntos básicos.
Agencias ven viable rescate
El banco de inversión Goldman Sachs y la agencia de calificación de riesgos Fitch calculan que el Gobierno tiene cierto margen para inyectar fondos a las cajas sin poner en riesgo sus objetivos de consolidación fiscal. Además, según sostiene Fitch, si elabora un plan creíble y siempre y cuando no rebase los 30.000 millones de euros previstos, incluso podría beneficiar a la nota de solvencia de España.
Goldman Sachs afirma en un informe que España, que «ha puesto en marcha un catálogo de reformas políticas a lo largo de los últimos seis meses», no supone riesgo de insolvencia aunque se cumplan las previsiones más pesimistas sobre su crecimiento.
Además, considera de que en caso de que los problemas que harán caer a Portugal, algo que da por seguro, se prorroguen en el tiempo y amenacen a España, Bruselas actuará y tomará medidas para atajar las posibles restricciones de liquidez, lo que evitará que tenga que pedir también el auxilio de sus socios del euro.
El informe considera que el principal problema del país, que «debe continuar adelante con las reformas estructurales para potenciar la recuperación», no es tanto la deuda pública del Estado, «sino la alta deuda del sector privado y el reto» de la reestructuración bancaria.
