Madrid. El Consejo de Ministros del gobierno español presentó ayer un anteproyecto de Ley de Transparencia que sancionaría hasta con diez años de inhabilitación y una multa a los funcionarios públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables.

La norma obligará a políticos y gestores públicos a informar del uso que hacen del dinero de los contribuyentes, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos cansados del despilfarro y corrupción de los políticos que se amparaba en la tradicional opacidad de la administración.

La vicepresidenta del gobierno español,  Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que se considerarán conductas muy graves “la autorización de compromiso de gastos sin fondos, el incumplimiento deliberado de reducir la deuda pública o no formular los planes de ajuste”. Las infracciones más graves podrán llevar a la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y 10 años.

El citado anteproyecto de ley también permitirá a los ciudadanos  denunciar una mala gestión pública.