MADRID (AFP).- Un proceso excepcional y temporal de regularización de inmigrantes que tengan un contrato de trabajo y puedan certificar su entrada al país antes de agosto de 2004, entre otros requisitos, y que podría beneficiar a medio millón de personas, comenzará el lunes en España.

Para poder obtener permiso de residencia y trabajo en el marco de este proceso que estará abierto del 7 de febrero al 7 de mayo, los interesados deberán presentar un certificado de empadronamiento en un ayuntamiento español con fecha previa al 8 de agosto de 2004; un certificado de antecedentes penales de su país de origen y un contrato de trabajo de seis meses.

En la construcción y la hotelería, los contratos podrán ser de seis meses aunque discontinuos, mientras que en la agricultura, deberán ser de al menos tres meses y en el servicio doméstico deberán acreditar 30 horas semanales.

El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entiende que la «inmigración en España tiene un componente básicamente sociolaboral» y a partir de esa premisa elaboró el reglamento de aplicación de la Ley de Extranjería, afirmó Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración.

El objetivo esencial de este proceso que el gobierno califica de «normalización» es «acabar con el empleo ilegal, hacer emerger la economía sumergida y acabar con los gastos sociales que genera el trabajo irregular», explicó Rumí.

Según un estudio de la escuela de negocios IESE, de los 17,24 millones de empleos que existen en España, 850.000 están cubiertos por inmigrantes, es decir el 4,9% del total. En 2004, más del 34% de los empleos creados en España fueron para trabajadores inmigrantes, según ese estudio que no precisa la situación legal de los extranjeros.

Para hacer frente a la previsible avalancha de inmigrantes que solicitarán información para regularizar su situación, el gobierno de Zapatero, que tras su llegada al poder en abril de 2004, prometió una «inmigración ordenada y legal», pondrá en marcha un dispositivo especial.

Sindicatos, organizaciones de inmigrantes colombianos, peruanos, marroquíes, dominicanas y no gubernamentales como la Cruz Roja, Cáritas, o la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), atenderán 742 puntos de información distribuidos en todo el país.

Unas 160 oficinas de la seguridad social recibirán los expedientes, a medida que los empresarios o empleadores soliciten la regularización de sus trabajadores extranjeros. Esos expedientes serán tramitados en 52 oficinas de extranjería cuyo personal será reforzado en un 130% con 1.639 empleados más.

Aunque según datos oficiales, en España viven 2,6 millones de extranjeros, de los cuales más de un millón son inmigrantes irregulares, en su mayoría latinoamericanos, no todos podrán normalizar su situación, advirtieron asociaciones de inmigrantes.

Inicialmente se pensaba que el proceso favorecería a unas 800.000 personas, pero asociaciones de inmigrantes redujeron el número.

«Desafortunadamente, quedará mucha gente fuera», explicó Yolanda Villavicencio, de AESCO, inmigrantes colombianos, que cifró el número de beneficiarios en 500.000.

Muchos entraron a España desde otros países de la Unión Europa (UE) y no se inscribieron en los ayuntamientos, es decir que no pueden justificar su fecha de entrada y otros no tienen contratos de trabajo, explicó.

La oposición de derecha reiteró su advertencia de que el proceso de regularización producirá un «efecto llamada generalizado», despidos y fraude.

«Todos los inmigrantes irregulares que están en Europa vendrán a España», alertó Angel Acebes, secretario general del Partido Popular (PP, derecha).