España y la directiva de retorno de los inmigrantes a la Unión Europea

La Directiva de Retorno, 2008/115/CE, es una decisión adoptada el 16 de diciembre del 2008, por el Parlamento Europeo, previamente consensuada con el Consejo Europeo. La misma está relacionada con el problema de la inmigración y se vincula de manera directa al Tercer Pilar de la Política de la Unión Europea, esto es, a los Asuntos de Justicia y de Interior, ya que se asimila al inmigrante con la delincuencia.

Sin embargo, en el fondo, una visa solicitada por una persona de un tercer país para ingresar a Europa, se otorga tomando en cuenta criterios económicos, es decir, que el solicitante tenga los suficientes medios, objetivamente considerados, para que se presuma que no va a quedarse de manera ilegal o irregular. Esta realidad se disfraza con asuntos de seguridad y en la sospecha de que el inmigrante pueda ser o no un peligro para la sociedad que lo recibe. Estas trabas o controles al ingreso de extranjeros tiene una raíz económica.

Realmente Europa en estos momentos necesita una cuota limitada de mano de obra extranjera.

El problema de la inmigración se percibe como un problema de mercado disfrazado de seguridad. Hay distintas políticas con relación a la inmigración: 1) Integrar a los inmigrantes legales, reconociéndoles derechos iguales que a los ciudadanos europeos, para no violentar valores democráticos universales como el derecho de elegir y ser elegidos; 2) Política de control a la inmigración; 3) Política de expulsión de los inmigrantes ilegales o irregulares.

Esta Directiva de Retorno, trata de recoger estos tres aspectos del problema. Pero la misma, a nuestro entender, tiene su fundamento, en la crisis del denominado Estado de Bienestar y en el fin de la guerra fría. España, dentro de sus posibilidades, ha asumido una posición solidaria y responsable con América Latina, con relación a esta Directiva de Retorno, ya que logró que cada Estado la aplicase tomando en cuenta su situación particular y si, por el contrario, se hubiese dejado que la misma se aplicase de manera general e indiscriminada, como era el deseo de algunos Estados desarrollados de la Unión Europea tales como Alemania, Suecia, Islandia y Austria, por ejemplo, hoy tendríamos en Latinoamérica una agravación de la crisis económica y de los conf1ictos sociales con la llegada masiva de miles de inmigrantes y con la disminución brusca de ingresos económicos en estas economías, como resultado de la desaparición de las remesas que nos envían estos exiliados económicos que mantienen sus vínculos de sangre, de nacionalidad y sus sentimientos de amor hacia sus países de origen. y es que los intereses, los vínculos históricos, culturales, la identidad de idioma, pesan mucho sobre España, al momento de tratar a estos inmigrantes procedentes básicamente de Latinoamérica. En sus adentros se recuerdan de que durante su guerra civil del siglo pasado y en momentos difíciles, han sido recibidos con admiración y con el corazón abierto por los pueblos de Latinoamérica.

Además, España en los últimos años tenía necesidad de mano de obra para determinado tipo de trabajo que los españoles no cubrían. En el año 2005 España llevó a cabo una legalización o regularización masiva de miles de inmigrantes, especialmente del continente americano, y esto fue un elemento de crítica por parte de Francia y de los propiciadores de esta Directiva de Retorno, que en cierta forma, sirve de plataforma ideológica y sociológica al Derecho Penal del Enemigo, planteado en el año 1985 por GÜNHER JAKOBS, teoría que con relación al inmigrante, prácticamente elimina la presunción de inocencia y la existencia de un hecho o ilícito penal concreto para que haya una sanción y lo sustituye por el concepto sugestivo de las medidas preventivas, debido a la peligrosidad del inmigrante para la sociedad europea a la cual emigra y trata de integrarse. La Directiva de Retorno consiste, en síntesis, en que aquellos inmigrantes legales o residentes que en determinado tiempo, y en la práctica, no hayan podido insertarse con éxito al mercado productivo, constituyéndose en una carga para cualquier Estado de la Unión Europea, retornen voluntariamente a sus países de origen en base a negociaciones, recibiendo del Estado europeo de que se trate cierta ayuda económica y el compromiso de que si la situación económica mejora en Europa, podrían retornar dentro de determinado plazo. La otra vertiente de la Directiva se refiere a los inmigrantes irregulares que pueden ser arrestados, multados y expulsados.

Esta Directiva es el resultado de la crisis económica de los países capitalistas y especialmente de los que componen la Unión Europea. Y es que una de las consecuencias de la globalización es que los países pobres no pudieron entrar en la competencia y se ha creado una polarización económica que se manifiesta en menos ricos y más pobres. Esta pobreza es la causa principal del incremento de la inmigración en la actualidad y que incluye a profesionales y técnicos en lo que se ha denominado la fuga de cerebros. En el año 2009 la Conferencia Suramericana de Migración, hablando en nombre de los países latinoamericanos, rechazó enérgicamente esta Directiva de RetornoComunitaria de Inmigrantes Irregulares y pidió que en la Unión Europea, en cambio, se impulsen procesos de regularización de estos inmigrantes.

La actual crisis económica de los Estados que conforman la Unión Europea ha dado lugar a que muchos inmigrantes, hayan decidido retornar voluntariamente a sus países de origen; pero de todas maneras, le agradecemos a España su comprensión y solidaridad con los pueblos de Latinoamérica, para lograr que esta Directiva de Retorno no se aplicara ni se aplique con todos sus componentes antidemocráticos, su rigurosidad, su falta de humanismo y su insensibilidad social.