BBC Mundo. Identifican a un político clave, determinan su ubicación y lo toman por sorpresa, con gritos y pancartas.

El fin es exponerlo públicamente para exigirle una acción concreta. En este caso, que se apruebe una ley contra los desahucios en España, en los términos de una iniciativa legislativa popular avalada por 1,4 millones de firmas.

Esta forma de protesta, conocida como escrache «importada» de Argentina revuelve España en momentos en los que está por aprobarse dicha ley.

El más reciente ocurrió en la casa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Una veintena de manifestantes se acercaron a su domicilio, pegaron calcomanías con sus eslóganes, entregaron volantes y se marcharon.

Hasta ahora se han contado más de 20 escraches a diputados y dirigentes del oficialista Partido Popular PP, incluida la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, en su residencia. Ese día la policía identificó a 18 personas que deberán pagar multas de entre US$260 y US$1.955.

La exigencia fundamental ha sido que el PP, que gobierna con mayoría absoluta parlamentaria, incluya en la ley antidesahucios las demandas mínimas que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH introdujo en febrero en el Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular.

Estas incluyen la posibilidad de que los deudores entreguen las casas como forma de pago cuando no puedan hacer frente a la deuda algo que en España se conoce como «dación» y que la disposición tenga efecto retroactivo.

Hasta ahora los parlamentarios no han incluido estas peticiones. El Senado tiene plazo hasta este miércoles para hacerle cambios a la ley. Tal como va el trámite, se espera que entre en vigencia en mayo.

«Hay vidas en juego» Una instrucción interna de la policía nacional ordenó el fin de semana borrar de sus operativos la palabra «escrache» –un término que viene del lunfardo, el dialecto callejero de Buenos Aires–, para llamarlos «con la acepción castellana correspondiente».

La policía pasará a denominarlos «acoso», «coacción» o «amenaza», los vocablos que han usado los dirigentes del PP para referirse a esta protesta, empezando por el presidente Mariano Rajoy, que la consideró «antidemocrática».

Otros voceros la han comparado con acciones proetarras en el País Vasco, o han calificado de práctica «nazi».

La policía trata los escraches como «acoso».

«A cientos de personas se ha dejado por la fuerza sin casas, con niños también y personas mayores, y encima quieren criminalizar a las víctimas», señala Ada Colau, coordinadora de la PAH, que promueve la protesta, consultada por BBC Mundo.

Hace unas semanas, el secretario de Estado de Seguridad sugirió que los escraches se realicen a un mínimo de 300 metros de distancia de su objetivo, pero el ministro el Interior lo desautorizó.

El primer escrache estuvo dirigido al propio Rajoy y otros dirigentes del PP que se reunían la mañana del 11 de marzo en el hotel Ritz.

Los manifestantes rodearon la entrada con pancartas verdes con el eslogan «Sí se puede» y rojas con la frase «Pero no quieren», los mismos colores de los botones que presionan los diputados al votar una ley.

Gritaron consignas a los dirigentes que entraban y salían. Se oyó algún insulto y Rajoy se fue por otra puerta.

En «evidencia» «Escrachar es poner en evidencia, revelar en público, hacer aparecer la cara de una persona que pretende pasar desapercibida», define en su sitio web la organización argentina Hijos Por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio H.I.J.O.S, cuyos fundadores comenzaron esta práctica en 1996, para señalar a los torturadores del gobierno militar.

Con las diferencias obvias, la PAH importó el término y el método en la campaña «Hay vidas en juego», para denunciar la falta de atención de los dirigentes al drama de los desahucios, que ya superan los 400.mil desde 2008.

«Ya son más de cuatro años de interpelación a los representantes públicos, para que escuchen la realidad social urgente», expresa Colau.

La primera diputada en recibir un escrache en su domicilio fue María Ángeles Esteller, también concejal de Barcelona.

Además de pancartas verdes y rojas, los manifestantes llevaron panfletos con su foto para empapelar la fachada del edificio lo que no hicieron por la lluvia, y otros con las caras de los afectados por los desahucios, que terminaron entregando al portero.

«Una cosa es hacer propuestas para resolver y paliar los efectos de los desahucios y otra es pretender, mediante la intimidación, coaccionar el voto de los diputados», comenta.

«Coacción es obligar, pero pedirle el voto a alguien por algo es normal en democracia, y los lobbies lo están haciendo constantemente», responde Ada Colau.

Continuarán. Victoria Camps, catedrática de Filosofía Moral, habla de fronteras entre derechos.

«Si es una manifestación en la vía pública y pacífica, tiene que ser legítima en una democracia. Si se convierte en un asalto a la intimidad de las personas, en un acoso, en agresiones verbales, en intimidación, hay que decir que no lo es», le dice a BBC Mundo.

Pero Camps reconoce que el hecho de que los manifestantes vayan a las casas de los dirigentes «revela un defecto de nuestra democracia».

«Aquí el ciudadano no tiene un contacto directo con el representante de su circunscripción», afirma.

En la última medición de la encuestadora española Metroscopia, hecha pública el 11 de abril, 59% de los entrevistados dijo que se corre el riesgo de «hacer olvidar el problema de fondo, que es la existencia de un procedimiento hipotecario injusto».

El 78% dijo estar de acuerdo con esta campaña de la PAH «siempre que sea pacífica».

«Es un recurso desesperado de personas en situación muy extrema para crear un clima de opinión, pero es una medida muy arriesgada», estima José Juan Toharia, sociólogo y presidente de Metroscopia, consultado por BBC Mundo.

Colau asegura que los escraches seguirán, al menos mientras termina de aprobarse la ley antidesahucios.

«Sus señorías se sienten incómodas porque tienen que responder ante la sociedad. Está funcionando y los vamos a mantener», concluye.