MADRID.  AFP. Gibraltar debe retirar los bloques de hormigón que impiden faenar a los pescadores españoles antes de que Madrid se siente a dialogar con Londres sobre el enclave, afirmó ayer el canciller español, para quien dicho arrecife artificial vulnera la normativa medioambiental europea.

«España está dispuesta a reanudar el diálogo. Estamos dispuestos a aceptar la creación de foros  en los que puedan participar otras autoridades, como el gobierno de Gibraltar y el gobierno regional de Andalucía», aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en un artículo publicado .   Pero «primero es necesario que el Reino Unido muestre su disposición a enmendar el daño causado, en particular retirando los bloques de hormigón» que forman el arrecife, agregó.  

En respuesta a este artículo, un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores británico se desentendió del asunto, señalando  que es el gobierno de Gibraltar, y no del Reino Unido, quien gestiona las competencias en cuestiones medioambientales y de pesca.  

Gibraltar, que no tiene flota pesquera comercial, emprendió de forma unilateral el 24 de julio la construcción en las disputadas aguas entre el enclave y España de un arrecife artificial formado por 70 bloques de hormigón con el propósito oficial de regenerar la fauna marina.   Los pescadores españoles denuncian que se ha destruido uno de sus mejores caladeros y piden la retirada de los bloques.

El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, ya trasmitió esta exigencia a su homólogo británico David Cameron, recordó el canciller.   Pero el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, aseguró recientemente que «el infierno se congelará antes de que el gobierno de Gibraltar mueva cualquiera de esos bloques».

Para García-Margallo, este arrecife, que inflige importantes pérdidas económicas a los pescadores de una región duramente golpeada por la crisis, constituye además «una violación de las reglas más básicas de la conservación medioambiental».

Según el ministerio español de Agricultura, Madrid presentó  una denuncia ante la Comisión Europea por «vertido incontrolado de bloques de hormigón» cerca de un lugar que España declaró Zona Especial de Conservación  por su valor medioambiental.   La Comisión Europea anunció que examinará dicha denuncia para determinar si procede abrir una investigación, en cuyo caso podría desembocar en un procedimiento de infracción contra Londres.