Tegucigalpa, (EFE).- El español Antonio Porta, detenido el pasado martes en Honduras bajo la acusación de participar en los disturbios posteriores al regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya, compareció hoy en un juzgado de Tegucigalpa donde negó los cargos que se le imputan.

Porta, de 41 años y natural de Cádiz, está acusado de participar junto a otros seguidores de Zelaya en disturbios que desembocaron en la rotura de vidrios y el lanzamiento de piedras y otros objetos contra los automóviles de la Policía.

La Fiscalía acusa al español y a otros siete hondureños de sedición y daños agravados por hechos supuestamente ocurridos frente al Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Porta y su abogado, Marco Tulio Amaya, dijeron a Efe que la acusación es falsa y que ni él ni sus acompañantes atacaron a los dos vehículos policiales.

Ambos explicaron que Porta había salido a buscar comida junto a una amiga suya, María Antolina García Moncada, tres hermanos de ésta, otra pariente y un amigo.

El español declaró a Efe que «en ningún momento» participó en los incidentes, mientras que Amaya subrayó que «él nunca anduvo» en marchas u otras actividades de los seguidores de Zelaya, sino que «estuvo en el lugar y la hora equivocada».

Relató que él llamó a su amiga para que le acompañara a buscar alimentos, pues en el hotel donde se alojaba no había debido al toque de queda impuesto por el Gobierno de facto ante el regreso de Zelaya al país.

Los detenidos, además de Porta Álvarez, son los hermanos María Antolina, Oscar Joaquín, Joel Orlando y Santos Reinaldo García Moncada; Gladys Azucena Domínguez y el amigo Víctor Adolfo Izaguirre, además de Milton Mateo Centeno.

Amaya sostuvo que los dos vehículos de la Policía fueron dañados en otro sector de Tegucigalpa donde el martes ocurrieron disturbios después de que militares y policías desalojaran violentamente a los simpatizantes de Zelaya de los alrededores de la embajada de Brasil, donde el depuesto presidente permanece desde hace una semana.

Según el abogado, la legislación hondureña establece una pena de cinco a diez años de cárcel por sedición y de tres a seis años por daños agravados.

Se prevé que el tribunal decida hoy mismo si los ocho detenidos continúan en prisión o los deja en libertad. EFE