Especialistas en derecho regulatorio y reestructuración de empresas consideran que con la aprobación del proyecto de Ley de Reestructuración Mercantil, el país mejorará su calificación internacional (ranking), lo que permitirá un posicionamiento competitivo importante en la región y atraerá nuevas inversiones que actualmente no llegan al país por la falta de seguridad jurídica en materia de cierre de negocios, reestructuración y liquidación.

La socia directora del Departamento Regulatorio de la firma de consultoría OMG, Mónika Melo,  explicó que las normas que rigen las actividades en esta materia datan de los años 1884 y 1956 que, además de obsoletas, son de difícil implementación, por prever procesos judiciales largos y un tanto complejos. En adición, agrega que las normas actuales “no prevén la posibilidad de reestructuración a las empresas con dificultades financieras, sino que solo plantean la opción de liquidarlas a través de un proceso judicial complejo y poco funcional”.

Melo dijo que es inminente la necesidad de que este proyecto de ley  sea aprobado.

Expresó que “en las evaluaciones realizadas por el Doing Business del Banco Mundial sobre la capacidad de hacer negocio en los diferentes países, la República Dominicana se vio afectada en la evaluación (ranking) en comparación con otros países, precisamente por contar con regulación deficiente en materia de cierre de negocios, reestructuración y liquidación”.

Melo Guerrero resaltó la importancia de esta ley al participar como expositora en el entrenamiento “La Reestructuración Mercantil y su incidencia en los negocios en la República Dominicana”, organizado por el Instituto OMG.

Además de  Melo Guerrero, expusieron en el seminario Carl Carlson, presidente de la firma Woodmark Holdings, y Mary Fernández, socia fundadora de Headrick Rizik Alvarez & Fernández. Intervino como moderador  Ernesto Bournigal, director senior del Departamento de Finanzas de OMG.

Mary Fernández dijo que se ha comprobado que países que cuentan con procedimientos de reorganización mejoran sustancialmente el acceso al crédito externo, razón por la cual más de 180 países alrededor del mundo, entre los que se encuentran todos los signatarios del DR-CAFTA, disponen de leyes que permiten a empresas en dificultades financieras reestructurarse o liquidar sus activos de manera organizada.

Puso como ejemplo a Francia, cuna de nuestro derecho, donde antes de la reforma más del 70% de los casos de rehabilitación de empresas se convertían en liquidación. Sin embargo, luego de la entrada en vigencia del procedimiento de salvaguardia, de 500 empresas sometidas en el 2006 solo 25 fueron liquidadas.  

Agregó que “además de tener como principal finalidad la preservación de las operaciones del deudor, la propuesta legislativa pendiente de aprobación crea oportunidad de negocios por medio del otorgamiento de financiamientos durante el proceso, establece la obligación de la autoridad monetaria y financiera de prohibir provisiones adicionales para préstamos morosos durante el proceso de reestructuración, prevé sanciones para procesos iniciados con fines abusivos o de defraudar, y permite excluir acreencias dudosas contraídas antes de la reestructuración, entre otras ventajas”.

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Beneficio empresa

Carl Carlson indicó que una vez promulgada esta ley, la misma permitirá a una empresa que enfrenta problemas financieros seguir operando a la vez que se procura cancelar total o parcialmente la deuda y permite al deudor mantener total o parcialmente los activos productivos.