Hoy 
La República Dominicana fue criticada porque no tenía un Estado de Derecho, hoy lo tenemos por imperfecto que sea. El Tribunal Constitucional en una sentencia inapelable, 168-13, le ordena al Gobierno establecer un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y éste ha sido decretado por el presidente Medina. Ahora está siendo vapuleada porque sigue lo que determinan sus cortes; el día 6 de los corrientes, aparece un titular en el periódico El Día: “La ONU insta a RD otorgue nacionalidad a haitianos” y el ACNUR, en el HOY: “Dice derecho internacional obliga a devolver automáticamente a la nacionalidad a individuos afectados por el fallo”.
En el medio del debate nacional levantado por el fallo; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, luego de haber declarado: “… que la decisión despojaría de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana. En gran número de casos, estas personas podrían quedar en situación de apátridas, lo cual es violatorio a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos”. Se le ocurrió solicitar venir al país y su solicitud fue aceptada, a resultas, vemos el espectáculo montado. ¿No hubiera sido más juicioso esperar al desenvolvimiento del Plan? En todo caso, el día 6 de diciembre, la CIDH “constató” que lo declarado antes de venir era “correcto”.
La ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, debería comunicarle al Gobierno estadounidense que tiene doce millones de refugiados en su país y los que no tienen documento de origen deben ser documentados automáticamente, pues si aquí son refugiados personas que vienen a buscar mejor nivel de vida, con más razón en los EE. UU. donde conseguirían mucho mejor nivel de vida. Lo mismo se podría aplicar a Francia y Canadá.
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, casos de extranjería, publica en Internet: “Artículo 2:1. Ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en el sentido de legitimar la entrada ni la presencia ilegales de un extranjero en cualquier Estado. Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente Declaración en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. No obstante, dichas leyes y reglamentaciones no deberán ser incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en particular en la esfera de los derechos humanos”.
Mi artículo del 19/11/13 demuestra que de acuerdo a los números publicados por la JCE y los estreñidos de la ONE (ENI), hay 402,535, personas viviendo en el país con documentos que no figuran en los libros de la JCE, es decir, ilegales. Postulo que a ésas, no se les está quitando nada pues tienen “algo” que no fue emitido por el organismo legal correspondiente.
¿No tiene como objetivo el Plan de Regularización, casualmente, legalizar o regularizar la situación de esos cientos de miles? Ciertamente, la RD tiene el derecho de investigar los documentos que presente cada ilegal y los que cumplan con las disposiciones del decreto presidencial serán legalizados. Entonces: ¿Por qué un colectivo haitiano está llamando a sus seguidores a no legalizar su estatus? ¿Qué dirán esos organismos cuando termine el plazo y se comiencen a aplicar sanciones y deportaciones?
El espectáculo, aparentemente, ha causado preocupación al presidente Clinton: “… creo que ahora ambos gobiernos tienen que resolver este asunto, y los alentaría a que lo hagan”, Diario Libre, 5 de diciembre de 2013. ¡Todos se saltan el sistema jurídico dominicano! ¿O es que los EE. UU. estarían en disposición de negociar con México la nacionalidad de los mexicanos ilegales?
