Espectáculos Públicos sustituye obsoleto
Reglamento 824

Espectáculos Públicos sustituye obsoleto <BR>Reglamento 824

POR JORGE RAMOS
El tan criticado y obsoleto Reglamento 824 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), creado por la dictadura de Trujillo, por fin ha sido derogado. Dicha legislación de los años 50 estaba tan desfasada, que estipulaba multas hasta de un peso a los violadores de sus artículos y sellos de hasta 25 centavos para fines de certificados a locutores y permisos de presentación de artistas.

La última modificación que se le hizo al Reglamento 824 fue hace 30 años, de manera que tenía muchas lagunas y lo convertía en una ley no adecuada a los nuevos tiempos.

El presidente de la CNEPR, Oquendo Medina, informó la entrada en vigencia del Reglamento No. 301-05, de fecha 7 de mayo de 2005, aprobado por el Poder Ejecutivo para el funcionamiento y organización del organismo regulador de los medios audiovisuales.

«Para la modificación de esta legislación tuvimos como principales fuentes de documentación, en cuanto a la legislación dominicana, los códigos del Menor, Trabajo y Procesal Penal, las leyes de Cultura, Telecomunicaciones, Propiedad Intelectual, Salud, Trabajo, Monetaria y Financiera, Mercado de Valores, Protección al Medio Ambiente, Protección al Consumidor y Registro Inmobiliario, entre otras legislaciones complementarias», expresó.

El nuevo Reglamento 301-05, por el cual se regirá en adelante la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, comprende 83 artículos, divididos en diez capítulos, en los cuales define los principios generales, establece su forma de dirección y organización, crea el Registro Nacional de dicha entidad, establece normas generales para los espectáculos públicos, regula las transmisiones por los medios audiovisuales, plantea una regulación para la publicidad transmitida por dichos medios, regula a los locutores y artistas y establece sanciones administrativas acordes con las leyes vigentes.

Medina destacó que las «modificaciones se hicieron tomando como referencia legislaciones de países hermanos como Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, México, Ecuador, Venezuela, Chile y Puerto Rico, sin perder de vista la realidad social y cultural de la República Dominicana.

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