Los integrantes de la Cámara de Cuentas no sólo deben ser destituidos por el Senado de la República, sino que deben ser llevados a la Justicia por las irregularidades que ellos mismos han dicho que cometieron.

El juicio es del licenciado Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Dijo sentirse confiado en que el Congreso de la República pueda hacer las investigaciones de lugar. Cabreja considera que el país debe tener una Cámara de Cuentas no cuestionada.

ADALBERTO DE LA ROSA
a.rosa@hoy.com.do

Propietarios de colegios que participaron ayer en una vista pública en la Cámara de Diputados justificaron los aumentos en la tarifa de sus negocios, alegando que el Estado es el responsable porque no ofrece educación gratuita y con calidad.

Fauntly Garrido, presidente del grupo corporativo Nuevos Horizontes, dijo que el Estado no los puede obligar a fijar precio de sus tarifas sin tomar en cuenta los costos y abogó para que las autoridades hagan inversiones y ayuden al sector privado.

Sostuvo que no es posible que todos los colegios privados tengan que pagar el 1% de sus beneficios al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y calificó de absurdo que se les cobre el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios.

“El Estado es el principal violador de la ley de educación porque no destina los recursos contemplados en la ley. 2.5% del Producto Interno Bruto es lo más que se ha invertido a pesar de que la Ley 66-97 establece un 4 por ciento”.

Informó que el gobierno invierte RD$17,800 por cada alumno, mientras que el 80% de los colegios privados cobra menos de esa cantidad para educar a los alumnos con calidad.

Las vistas públicas que convocó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Ydenia Doñé, causó enfrentamientos entre padres de alumnos y los representantes de colegios.

Hugo Socorro, uno de los padres, dijo que el Estado debe regir a los colegios porque están incurriendo en prácticas no dignas de ese tipo de negocios como el cobro de hasta 280 mil pesos por adelantado al año escolar, además del incremento de la tarifa todos los años y la exigencia de algunos de que se les pague en dólares.

“Si los dueños de colegios adquieren un nuevo local o compran un solar no pueden pretender que los padres de los alumnos lo paguemos como ocurre ahora, porque nosotros no somos socios de  ellos”, dijo.

Sostuvo que está consciente con que haya reajuste, pero en base a los niveles inflacionarios, no de manera unilateral como se hace ni en mil por ciento como cobran dueños de centros educativos privados.

Ricardo Rodríguez, de la Asociación de Colegios Privados de Santiago, de forma irónica planteó  al Estado que adquiera las acciones de esos negocios si lo encuentra tan rentable.

Una persona le preguntó por qué todos los años le cobran mil pesos adicionales a la tarifa que paga por su hijo y la respuesta fue: “mire amigo, yo le tengo la solución a su problema, mande su hijo a otro colegio”.

Rodríguez es partidario de que  el Estado los apoye  porque suplen las deficiencias del sistema educativo público.

Los pequeños

Algunos propietarios  de colegios pequeños consideraron  injusto que se les trate en igualdad de condiciones con los grandes centros educativos, que hasta cobran en dólares, porque ellos reciben pocos beneficios  en comparación con el gasto y el sacrificio.

Algunos propietarios de colegios dijeron que para instalar los centros han tenido que hipotecar sus casas y descuidar la educación de sus propios hijos para servirle a los demás.

Fauntly Garrido, del Colegio Nuevos Horizontes, dijo que sería un retroceso que el Estado obligue a utilizar textos comunes a todo el sistema educativo.

 Rechazó que el negocio sea lucrativo porque de serlo hasta inversionistas extranjeros traerían sus capitales.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados convocó a vistas públicas para discutir un proyecto de modificación  a la ley 86-00, del diputado Andrés Henríquez que autoriza a la secretaría de Educación regular  las  tarifas de los colegios.

El proyecto contempla “congelar” las tarifas de los colegios por un período de tres años.

Los legisladores informaron que volverán a llamar a vistas públicas para continuar las discusiones.