La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) dijo que  espera que el Poder Ejecutivo decida por igual llamar a los generadores eléctricos que sirven la energía en la actualidad, a acogerse al mandato de la Ley 125-01, puesto que salvo una o dos excepciones, sus contratos fueron firmados luego de la entrada en vigencia de la ley, pero operan en base a contratos onerosos, ilegales e inconstitucionales que hacen que las distribuidoras les compren el kilovatio hora de energía eléctrica a precios de extorsión.

La entidad hizo el planteamiento tras apoyar  la decisión tomada por la vicepresidencia ejecutiva de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), de iniciar licitaciones públicas para la compra a largo plazo de energía eléctrica, como manda el artículo 110 de la Ley 125-01, general de electricidad.

Estimó  que los mil millones de dólares que se ahorraría el Estado dominicano a partir de 2016 con el fin del fatídico Acuerdo de Madrid, se podría hacer desde ahora si se toma la justa y legal decisión de licitar públicamente la compra de la energía que se consumirá desde ahora y hasta 2016, que ahorraría al país más de 4 mil millones de dólares o 155 mil 600 millones de pesos, pero esa es una decisión de política económica que no puede tomar la vicepresidencia ejecutiva de la CDEEE sin la anuencia del Poder Ejecutivo.

Calculó  que ese ahorro serviría para cubrir el presupuesto del Ministerio de Educación y cumplir con el 4% para la educación y entiende un contrasentido que se obligue a micro, pequeños y medianos empresarios a cumplir con una cantidad tan grande de requisitos para venderle servicios a las instituciones públicas, lo que prácticamente les saca de competencia y hace que se adquieran servicios más costosos.