Empresarios CONEP AFERRADOS a Comité Nacional Salarios dijeron ayer que este es el único organismo facultado para revisar el salario mínimo.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) calificó de ilegal el proyecto de ley que someterán hoy al Congreso centrales sindicales, y que propone una revisión anual del salario mínimo, que a este renglón se le incremente un 30% y un 20% hasta los 50,000 pesos.

Manuel Díez explicó que el proyecto viola la Constitución de la República, dado que ésta establece que es el Comité Nacional de Salarios (CNS) el organismo que tiene la facultad de revisar las tarifas salariales del país.

No podemos tratar de solucionar los problemas de productividad violando la institucionalidad, precisó.

Sobre el mismo aspecto se refirió Marisol Vicens, vocal de la nueva directiva del CONEP, quien destacó que solamente se debe legislar sobre la tarifa de salarios míninos, los demás son parte de la libre contratación, de la competitividad, el cumplimiento de metas y el rendimiento.

No se resisten… pero. Tanto Díez como los demás miembros del Conep que asistieron al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio coincidieron en que la escala salarial del país debe revisarse, pero sin salirse del sueldo mínimo.

Pedro Pérez, vocal de la entidad, explicó que la revisión salarial es necesaria, pero destacó que aunque un sueldo deprimido presiona la demanda interna, tampoco podemos perder de vista que los empresarios competimos con otros países de la región.

Rafael Blanco Canto, segundo vicepresidente de la entidad, precisó que subir los sueldos sólo por hacerlo nos llevaría a un proceso inflacionario y a una espiral en la que perderíamos competitividad y empleos.

Estamos conscientes de que se deben ajustar los salarios a los niveles de inflación que se han producido, el único punto que planteamos es que debe hacerse sobre el salario mínimo, no el general, porque nos lleva a un esquema de una economía centralizada más no de mercado.

Consultados sobre el impacto de las remuneraciones de los empleados en los costos de producción, Diez dijo que en el sector industrial oscila entre un 15% y un 20%, y Blanco que precisó que en el área turística alcanza un 40%.

Vicens enfatizó que en el país hay una resistencia a cumplir con el ordenamiento legal, porque cada dos años tienen que revisarse las tarifas del salario mínimo, pero lo que sucede es que en vez de desarrollarse discusiones con el marco legal, se pierde tiempo y recursos discutiendo el modelo que establece el Código de Trabajo.

Tenemos que discutir en el organismo correspondiente el Índice de Precios al Consumidor, las variables económicas, la situación de las empresas, para poder realizar los aumentos.

En tal sentido se negó a decir cuál será la propuesta del CONEP cuando se inicien las discusiones en junio, fecha en que está pautada la revisión salarial que se realiza cada dos años.

Economía y protestas. En el contexto de los reclamos por las alzas salariales y el incremento de los productos de consumo básico, se le preguntó a Díez si no el CONEP no teme que se produzcan conflictos sociales ante la desesperación de la ciudadanía.

El empresario respondió que es importante propiciar que los desacuerdos se enfrenten de forma pacífica, porque a nadie le conviene un país con problemas sociales, ojalá que podamos seguir en la dirección de la armonía.

Si de alguna manera el país mantiene el acuerdo con el FMI habrá una estabilidad económica que permitirá que el país se siga desarrollando.

Lo que se debe hacer, precisó, es reinventar el modelo a partir de la estabilidad económica que tiene la República Dominicana, para que no tengamos que resolver las cosas por la fuerza, como se ha hecho en otros países.

ProConsumidor. Al presidente del Conepse le preguntó cuál es la posición de ese sector con relación al enfrentamiento que tienen Pro-Consumidor y la Superintendencia de Bancos con relación a los contratos de adhesión que deben entregarle los bancos a la primera entidad.

Díez precisó que Pro-Consumidor realiza un trabajo muy positivo en la defensa del consumidor, pero en el caso de esta pugna no va a beneficiar absolutamente a nadie.

Deberíamos estar enfocados en otros temas, y no en sobre regular al sector más regulado del país.

Al referirse al mismo asunto Blanco explicó que la Superintendencia de Bancos le prohibió a los bancos que le entregaran a Pro-Consumidor los contratos de adhesión, lo que indica que hay una pugna entre dos entidades públicas y los bancos están en el medio y eso les hace daño.

Sobre el particular Vicens dijo que los contratos de adhesión representan un problema para todos, no sólo para el sector bancario.

Lo que debemos promover es que el mecanismo de defensa del consumidor funcione en cada sector, ahora hay una lucha entre dos entidades del Estado lo que refleja que las duplicidades implican mayores costos para los servicios.

No pueden tener al sector bancario en zozobra por una pugna, cuando es uno de los segmentos clave de la economía dominicana, precisó Díez al referirse al espinoso tema.

Las claves

1. Innecesaria pugna

Díez calificó de innecesaria la pugna entre Pro-Consumidor y la Superintendencia de Bancos por el tema de los contratos de adhesión de las tarjetas de crédito. Para el empresario la banca es la más perjudicada.

2. A la legalidad

Vicens entiende que la discusión del aumento de las remuneraciones debe circunscribirse también al contexto de las variables económicas y al Índice de Precios del Consumidor.