Los juristas que participaron ayer en el encuentro con los medios de comunicación del Grupo Corripio expresaron su insatisfacción por importantes ausencias en el proyecto de reforma a la Constitución de la República, pero tienen la esperanza de que los legisladores puedan introducir elementos que consideran básicos para el futuro político del país.

En el proyecto de reforma a la Constitución no figura  como  se deben abordar los mayores problemas del sistema político dominicano, como la corrupción, la inadecuada estructura del poder, los  males de la constitucionalidad y los mecanismos para combatir la impunidad.

La consideración es del experto en derecho constitucional, doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, en su interpretación del  artículo 55  del proyecto de reforma a la Constitución y el tema de los  poderes.

 Afirmó que la existencia de un sistema de  carrera administrativa y  de una burocracia estatal parasitaria, ineficiente y deficitaria, es un tema que no se aborda tampoco de manera adecuada.

Expresó que el Ministerio Público, que debe ser el órgano de persecución efectivo de la corrupción y de combate de la impunidad depende del poder Ejecutivo.

El jurista llama a huir de la tentación del populismo constitucional y dice que se está aupando e introduciendo la aprobación de una Constitución profunda y vertiginosamente conservadora, en lo que tiene que ver con la concepción del poder.

   Rodríguez Gómez, uno de los invitados al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, opinó que  el problema del proyecto  de Constitución del presidente  Leonel Fernández,  está en que se  mantiene intacta la  estructura política y la  forma de organización del poder, lo que no esperaban.

 “Si vamos a hacer una reforma de esta magnitud a la Constitución, vamos a resolver los problemas de la constitucionalidad, los problemas de la democracia, de una inadecuada forma de estructuración del poder”, planteó el jurista.

Cree necesario  revisar el sistema de balances y de contrapeso entre los poderes públicos. “Vamos a  combatir la corrupción, a crear mecanismos de combate de la impunidad”.

Expresó que ningunos de esos temas, que son problemas mayores del sistema político son abordados de manera adecuada en el proyecto. “Y eso, hay que decirlo”.

Precio de corrupción.  Rodríguez Gómez, director de  postgrado de la carrera de derecho constitucional en la Universidad del Caribe (Unibe), señaló que en su discurso del 16 de agosto de 1996, cuando Fernández se estrenaba en su primer mandato, dijo que la corrupción administrativa le costaba al Estado dominicano RD$30,000 millones al año.

Precisó que ese mismo año, el gasto público ascendía a RD$26,400 millones. “Es decir, RD$3,600 millones estaba el gasto público por debajo de lo que le costaba la corrupción a Estado dominicano”.

El catedrático manifestó que esperan que un estadista, preocupado por resolver los problemas institucionales del país al que gobierna, aborde esos inconvenientes.

  Cámara Cuentas.  Señaló que si se va a garantizar pulcritud en el gasto público, se debe crear un mecanismo institucional de control que funciones. Estima así, que la Cámara de Cuentas debería poder auditar, de verdad, las cuentas del poder Ejecutivo, el cual controla el 90% del presupuesto general de la nación.

En ese sentido, deploró que la Cámara de Cuentas no pueda hacer su función, por ser sus miembros designados por el Poder Ejecutivo, que es el  órgano al cual le tiene que  controlar el manejo de sus cuentas.