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MANAGUA (EFE).- La visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la próxima semana a Nicaragua es considerada como un intento de ayudar a restituir el Estado de Derecho «pulverizado» por la crisis política que vive el país.
Liberales y sandinistas que dominan el Parlamento, en su afán de quitarle facultades al presidente Enrique Bolaños, y éste en su esfuerzo por no perder ese poder, se han enzarzado en una confrontación que tiene al país en lo que el destacado empresario nicarag~ense Carlos Pellas ha calificado de «un verdadero relajo».
El analista político y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Serrano Caldera calificó hoy, sábado, de oportuna la llegada del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio del enfrentamiento político entre los poderes del Estado, que le parece «irreductible».
«Creo que la presencia de Insulza va a ser importante para buscar cómo restituir la seguridad jurídica que ha sido pulverizada», dijo Serrano en entrevista con EFE.
Agregó que por esa lucha de poder en Nicaragua «el derecho ha dejado de ser el instrumento de cohesión y armonía, para transformarse en un arma de lucha política entre dos bandos que parece irreductible».
«La presencia de la OEA es el mejor paso que se puede dar cuando hemos demostrado que entre los nicarag~enses no nos podemos entender», dijo por su parte el analista conservador Ariel Granera.
La OEA evitó la caída de Bolaños al enviar una misión en octubre de 2004, cuando la Contraloría (fiscalía de cuentas) pidió al Parlamento la destitución del gobernante por negarse a cooperar con una auditoría relacionada con delitos electorales.
Ahora, los diputados liberales y sandinistas, dominados por los ex presidentes Arnoldo Alemán (1997-2002) y Daniel Ortega (1985-1990), respectivamente, han decidido quitarle a Bolaños el control de las entidades de servicios públicos.
La directiva del Parlamento rechazó esta semana la mediación de Insulza, cuya misión tiene previsto llegar el miércoles al país, al decir que «los problemas nuestros los resolvemos los nicarag~enses».
Para liberales y sandinistas el mejor mediador y garante de un diálogo nacional es el cardenal nicarag~ense Miguel Obando y Bravo.
La tormenta política que atraviesa el país se agravó el pasado 2 de junio cuando el Parlamento creó la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y nombró a los intendentes de telecomunicaciones, energía, agua y de atención a los consumidores.
Bolaños desconoció esa decisión por considerar que se efectuó en base en reformas constitucionales que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) resolvió que «son jurídicamente inaplicables».
El gobernante ordenó esta semana a la policía custodiar las sedes de los entes de servicios públicos para evitar que asuman las nuevas autoridades, a pesar de que la Corte de Apelaciones ordenó suspender la vigilancia.
En medio de la crisis, EEUU revocó las visas a tres dirigentes liberales en el último mes, por estar supuestamente involucrados en actos de corrupción, lo que ha sido interpretado por sectores políticos como un «espaldarazo» de ese país a Bolaños.
A esto se sumó la decisión de EEUU de retener ayer, viernes, a la esposa de Alemán, María Fernanda Flores, durante seis horas en el aeropuerto de Miami para revisar su estatus de nacionalidad y migración.
La Fiscalía y la Contraloría han emprendido acciones para obligar a Bolaños a entregar los entes de servicios públicos, como la acusación judicial, el jueves, contra el director de Telcor, Joel Gutiérrez, por usurpación de funciones y desobedecer la Constitución.
Bolaños nombró el viernes a Gutiérrez viceministro de Transporte y en Telcor designó a la diputada suplente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Julia Lugo, disidente de la línea dura que lidera Alemán.
La sociedad civil agrupada en la «Red por Nicaragua» ha convocado el próximo día 16 a una marcha contra las reformas y el pacto político entre Alemán y Ortega.
