Sectores que son cuantitativamente minúsculos han logrado imponer ante la opinión nacional un tema que no formaba parte de la agenda de ninguno de los poderes públicos dominicanos, trátese del contenido de la sentencia 168-13, mediante el cual se afecta a miles de dominicanos que hoy se encuentran en un verdadero estado de intranquilidad ciudadana, reflejado en las constantes manifestaciones sociales realizadas por los afectados.

Para humanizar la referida sentencia, el presidente Medina inició un proceso participativo para la elaboración de un proyecto de ley de naturalización, que en lo personal quisiera agregarle “y de reconocimiento”, con el cual el Estado dominicano otorgaría la nacionalidad a los injustamente afectados por ese instrumento jurídico evacuado por el Tribunal Constitucional.

No podemos ocultar que ha habido una gran ralentización de todo el proceso. Las víctimas se desesperan, la comunidad internacional se mantiene atenta a esa situación y agencias creadas en el país para manejar tema migratorio no inician su funcionamiento. Tal es el caso del Instituto Nacional de Migración, en el cual fue designada como directora ejecutiva doña Flor Rojas, destacada profesional de trascendencia internacional en materia de derechos humanos.

A seis meses del nombramiento de la señora Flor Rojas nos encontramos con la triste realidad de que la misma aún no ha podido iniciar sus funciones en tan importante institución, ya que no tiene presupuesto asignado, ni cuenta con oficinas para operar.

Confiados en que el tema migratorio y de derechos humanos ocupa un importante lugar en la actual agenda de gobierno, es recomendable valorar en su justa dimensión tanto a las instituciones como a las personas físicas que han sido instituidas para la consecución de los objetivos en dicha área, pues conociendo las condiciones de la señora Flor Rojas, no descartemos la posibilidad de su renuncia, si persiste el actual estado de cosas.