La Constitución dominicana, en su decimosexto artículo transitorio, establece que la ley orgánica que regula la organización y administración general del Estado y todo lo relativo a los ministerios, deberá entrar en vigencia a más tardar en octubre del año 2011 para los fines presupuestarios. A nueve meses de la fecha establecida por nuestra Carta Magna aún no contamos con ese instrumento fundamental de organización institucional y una herramienta poderosa para la nueva gestión. Existe la voluntad de los tomadores de decisión, sin embargo sabemos que es un tema delicado para la clase política y sobre todo en una etapa de transición.

Según el proyecto que se conoce actualmente en el Congreso, el objeto de la LOAP es: “concretizar los principios rectores y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública, así como las normas relativas al ejercicio de la función administrativa por parte de los órganos y entes que conforman la Administración Pública del Estado”.

Estarán bajo la sombrilla de esta ley todos, sin excepción, los órganos y entes públicos, centralizados, desconcentrados, descentralizados y autónomos. También será ámbito de aplicación de la LOAP los órganos y entes de rango constitucional siempre que no se entre en contradicción con la normativa de estos ni con la independencia que la misma Constitución les otorga (ver artículos 1, 3 y 4 del proyecto LOAP).

El artículo 10 del proyecto en cuestión consagra la Gestión Pública de Calidad, que entre sus tantas finalidades, enfatiza en la obligación de la administración de simplificar los trámites administrativos para cumplir con el principio de eficacia y eficiencia de la administración frente al ciudadano/a. Para complementar dicho artículo, y poner en marcha el artículo 148 de nuestra Constitución sobre “Responsabilidad civil de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes”, el proyecto de ley orgánica consagra el principio de responsabilidad civil y penal de los entes y órganos administrativos.

Este principio explica que los órganos y entes comprometen su responsabilidad civil y penal por los daños causados por la falta y que los servidores se comprometen mientras estén desempeñando su función administrativa. Esto es aparte de las acciones que podrá ejercer la persona física o jurídica para resarcirse del perjuicio propio causado por el dolo o la falta grave e imperdonable del servidor público (ver artículo 12, literal q). República Dominicana entrará en una nueva era de Responsabilidad Estatal si logramos que se cumpla la LOAP una vez se apruebe. Nos queda el reto de abogar por la real independencia de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Asimismo, el proyecto LOAP incluye en sus principios el de la participación ciudadana en las políticas públicas. El instrumento, en espera de ser aprobado, consagra la obligación de los órganos y entes públicos de promover la participación en los procedimientos, medios e instancias establecidos para el diseño, la ejecución, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas, pudiendo la ciudadanía formular opiniones y propuestas. Cada ministerio e institución deberá habilitar una base de datos de las organizaciones y personas vinculadas al sector para los procesos de consultas.

Un principio que debe ser subrayado del proyecto LOAP es el de simplicidad y cercanía organizativa a los particulares. El país lucha día a día por la poca desconcentración y descentralización territorial que existe. Este principio confirma la necesidad y la obligación de la administración pública de acercar los espacios de trámites y los mismos servicios públicos, a los ciudadanos y ciudadanas.

Otros aspectos innovadores de la ley son el de gobierno electrónico, la Secretaría técnica del Consejo de Ministros, la limitación de los viceministros/as, la participación en los consejos consultivos como un servicio honorífico regido bajo el principio de gratuidad, la delegación, eliminación de los rangos, entre otros.

Estatus del Proyecto LOAP. El proyecto de ley orgánica de Administración Pública (LOAP) fue aprobado en 2da lectura por el Senado el pasado martes 16 de julio. Será despachado en los próximos días a la Cámara de Diputados, que fue la cámara de origen. Las modificaciones hechas al proyecto fueron socializadas por la comisión de justicia del Senado con algunos diputados y diputadas, de forma tal que estuvieran al tanto de los cambios que se estaban introduciendo. Asimismo, el Ministerio de Administración Pública (MAP) jugó un papel técnico clave durante los debates sobre las modificaciones y el seguimiento a la ruta del proyecto en el Congreso Nacional. 

Los diputados y diputadas tendrán la tarea de aprobar esta pieza legislativa que persigue organizar la administración pública, evitar la dualidad de funciones y delimitar las atribuciones de los principales órganos del Estado.

Sería ideal que el recién presidente electo, Danilo Medina, pueda contar con este instrumento legal aprobada al inicio de su gestión 2012-2016.