La presencia de la comunidad internacional en Haití debe estar dirigida al desarme de la población, al restablecimiento del orden, y al sostenimiento de los acuerdos a que llegue la clase política, según el politólogo Flavio Darío Espinal, quien advirtió que los conflictos políticos del vecino país no se solucionarán a corto plazo.

Como entidades propiciadoras de esas negociaciones citó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comunidad del Caribe (CARICOM), las cuales deberían ejercer «cierta presión» para que se estructure el órgano electoral y se celebren comicios.

«Sin embargo, la crisis haitiana no es exclusivamente político-electoral, es más compleja, porque hay un colapso del Estado, carencia de orden, desarticulación de las fuerzas de seguridad, y más que todo es una crisis económica, ecológica y humanitaria», refirió.

Ante la presión de los grupos insurgentes que, a principios de febrero del 2004 enfrentaron a Aristide, éste renunció del cargo el domingo 29 y se asiló en la República Centroafricana. Estados Unidos y Francia enviaron tropas con la finalidad de restaurar el orden y ofrecer ayuda humanitaria.

Los rebeldes, encabezados por Guy Philipe y Louis Jodel Chamblain, fueron cominados por los Estados Unidos (país al que Aristide acusó de haberlo forzado a dejar la presidencia) a entregar las armas, en el fragor del caos provocado por el vacío de poder, pese a la designación de Boniface Alexandre como presidente interino.

Espinal consideró que, uno de los obstáculos que tiene Haití para alcanzar la estabilidad política, es la desarticulación del sistema de partidos, en adición la precariedad institucional que ha caracterizado a los procesos electorales.

«Hay todo un historial de autoritarismo que ha hecho difícil la consolidación de una cultura democrática en Haití, con un telón de fondo de caracter económico y social, una población sumida en el desempleo, el analfabetismo, y con gran deterioro ecológico».

En ese sentido, refirió que la vecina nación también requiere cooperación monetaria, para restablecer el crecimiento y la viabilidad económica.

La renuncia de Aristide, o su forzada dimisión, a pesar de haber ganado las elecciones legítimamente en el 2000, tiene para Espinal esta lectura: la legitimidad de los procesos electorales es vital para la gobernabilidad en América Latina.

Argumentó que éste fue electo por segunda vez en el 2000, precedido de los comicios parlamentarios que fueron impugnados por la oposición.

«El ganó con no más del 10% del electorado haitiano, y la oposición desde el primer momento lo desconoció. De manera que las codiciones de legitimidad con las que asumió al poder fueron muy precarias, y eso provocó que no se pudiera consolidar su régimen, abriéndole el camino a las fuerzas irregulares encabezadas por Philipe y Chamblain», destacó.