POR ALEIDA PLASENCIA
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) informó que envió al presidente Leonel Fernández un proyecto de reforma institucional del sector agropecuario oficial, que reduciría significativamente la burocracia en esa área. El presidente y el vicepresidente de la JAD, Mario Velásquez y Osmar Benítez, respectivamente, al ser entrevistados en el Encuentro Económico de Hoy, explicaron que con esta reforma desaparecería el Instituto Agrario Dominicano (IAD), “entidad que, aunque ha hecho una excelente labor, ya cumplió su misión”.

A su vez, la función que desempeña el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) se incorporará a la Subsecretaría de Comercio y Desarrollo Agropecuario, Agrícola y Ganadero, entidad, esta última, creada también por la reforma, informaron. Igualmente, se crean dos gabinetes: uno agrorural, que trabajaría con las organizaciones del Estado que tienen que ver con el desarrollo comunitario, y el otro para el manejo de los aspectos agroeconómicos, dijeron, tras explicar que la pieza fue enviada al mandatario a través de “una carta de entrega”, depositada en la Comisión Rectora, creada hace 18 meses por el Poder Ejecutivo para la elaboración del proyecto.

Tras explicar que en dicha pieza se pone énfasis en la actividad comercial, Velásquez y Benítez informaron que el proyecto fue enviado al presidente Fernández a través de “una carta de entrega”, pero que falta hacerlo próximamente de manera oficial.

Específicamente, Benítez dijo que en las discusiones relativas a este proyecto se involucraron más de 300 dirigentes agropecuarios, técnicos, gremios de profesionales, funcionarios del Gobierno y organismos internacionales y se logró la concertación al respecto.

Según Benítez, el sector agropecuario oficial, tal como se encuentra en la actualidad, tiene una burocracia demasiado grande con más de 17,000 empleados. De esa cantidad, sólo en la Secretaría de Agricultura hay 11,000, de los cuales sólo 3,000 son técnicos, con 8,000 de apoyo a éstos, explicó.

La norma internacional, sostuvo, es que por cada dos técnicos o tres en una función del Estado, debe haber una persona para darle servicio de apoyo. En México, por ejemplo, por cada cinco técnicos hay una persona de apoyo, señaló.

En el proyecto de reforma en referencia, se cambia la estructura del sector público agropecuario en general, dijo. Según explicó, se comienza con la Secretaría de Agricultura, cambiando su forma operativa, se reduce el número se subsecretarios inorgánicos de cinco a dos y se focaliza la política de producción para la exportación

Se crea, dijo, una Subsecretaría de Desarrollo Rural, con énfasis hacia cumplir con los compromisos que tiene el país con relación a los “Objetivos del Milenio”. Recordó Benítez que la Secretaría de Agricultura preside la Comisión del Hambre y es la responsable en trabajar en la reducción de esta problemática en el país.

En ese sentido, dijo que habría que poner énfasis para que el habitante de la zona rural tenga acceso, no sólo a la producción, sino a elementos sociales, como vivienda, salud y educación. Habría entonces, además, una Subsecretaría de Comercio y Desarrollo Agropecuario, Agrícola y Ganadero, informó. Ambas subsecretarías serían entidades de gran importancia en el manejo de la política agropecuaria del país, sostuvo.

Velásquez, al intervenir, informó que ya la JAD firmó el proyecto de reforma, el cual fue elaborado por una Comisión Rectora, creada por el presidente Leonel Fernández hace 18 meses, conformada por tres instituciones del Gobierno, encabezada por el Secretario de Agricultura (de turno).

Además de la Secretaría de Agricultura, por parte del Gobierno integran la Comisión, la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión para la Reforma del Estado. Por el sector privado, estuvieron en dichos trabajos, la JAD y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, así como el Instituto Interameriano para la Agricultura (IICA), como facilitador, y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), informaron.

La pieza sería revisada por el presidente Fernández y un equipo de personas y si lo considera que está en la línea de lo que el Gobierno quiere en esa materia, el Poder Ejecutivo la sometería al Congreso.