La condición de ciudadanía se entiende, de manera general, como un estatus político-legal dentro de un Estado–Nación que implica ciertas atribuciones.

Hay diversas posiciones teóricas. Bajo la concepción de Thomas Marshall, sociólogo británico a quien se le conoce por sus ensayos sobre el tema, la ciudadanía es ante todo un proceso de conflictos.
Primero se luchó por derechos políticos y luego por derechos sociales vinculados a una lucha de clases en la que nuevos actores o grupos trataban de alcanzar antiguas garantías.

En esta última parte lo social influye tanto que algunos autores hablan del término “ciudadanía social”, refiriéndose así a beneficios y garantías vigentes durante el llamado período del Estado de Bienestar.
En países de Europa, como es España, todavía, pese a la crisis económica y los recortes, se siente esa condición especial de ciudadanía social.

En República Dominicana, a partir de su definición constitucional como un Estado Social y Democrático de Derecho, la vinculación teórica que se hace entre ciudadanía y derechos es amplia.
Se parte de que el fundamento del Estado dominicano es el respeto de la dignidad humana y los derechos.

De igual manera se establece que el principal fin es “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva”.

Esto ha de hacerse dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Sin embargo, al igual que en tantos otros temas, la praxis se queda corta. Es como si el ciudadano dominicano solo sirviera para pagar impuestos. Más allá de ahí, vivimos en una tierra donde los ciudadanos sin dinero sienten en su cotidianidad que no tienen derecho a nada.

Leyes hay muchas, pero la vocación jurídica es poca. Lo institucional brilla por su ausencia y lo personal siempre se impone.

En las definiciones iniciales de las repúblicas, pensadores y teóricos como Henri de Saint-Simon y Louis Blanc propugnaron porque los Estados no se limiten a recaudar impuestos, garantizar orden, seguridad interna y paz exterior.

De ahí la necesidad imperante de exigir que, de una vez y por todas, la condición de ciudadania se cumpla para cada uno de los dominicanos y las dominicanas.

Para esto es importante no renunciar a nuestros derechos y nunca cansarnos de exigir. Exigir que el Estado funcione. Que los funcionarios cumplan. Que las leyes y deberes sean para todos y no sólo para los hijos de Machepa. Y aportar.

Aportar desde nuestras condiciones y espacios a la construcción de esa República pendiente, donde el ciudadano, lejos de ser un cero a la izquierda, tenga mucha valía.