Hoy 
Al fin la Junta Central Electoral desenvaina el poder que le confiere la ley para sancionar a funcionarios públicos de todos los niveles por el uso de recursos y potestades oficiales para terciar en política y elecciones; un usufructo transgresor y flagrante que en la historia ha borrado con insistencia la frontera que debe separar con hondo surco el accionar partidario de las competencias y fines del Estado, neutral y necesariamente independiente de todo propósito particular o sectario. Se debe a la nación y a su diversidad de intereses legítimos y banderías.
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El pronunciamiento de la JCE ha sido claro y terminante: la utilización en provecho propio o de terceros de bienes, instalaciones y medios estatales para la propagación de consignas partidarias conlleva sometimientos a la Justicia en base a la Ley 20-23 que contempla pena de hasta tres años de reclusión.
Ninguna competencia electoral democrática debe carecer de la equidad que supone participar en grupo o individualmente trepándose, en desmedro de los demás contendientes, a las ventajas del acceso a facilidades materiales y jerárquicas disponibles para quienes forman parte del sector público, tomando para sí lo que no es suyo. Además se cuestiona que el Estado subsidie legalmente a los partidos políticos pero reservando privilegiadamente para el «club de los grandes» las mayores asignaciones en desmedro de los emergentes que diversificarían opciones. Un sistema partidario congelado en el tiempo con pérdida de diferenciaciones.
