La estabilidad macroeconómica del país se levanta sobre un piso falso, debido a que destinará el próximo año el 48% de los ingresos tributarios al pago del servicio de la deuda pública, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco.
“Cada año tomamos más prestado para pagar deuda e intereses. De ahí que desde el 2008 tengamos déficits fiscales”, afirmó.
En un artículo titulado “Capital público, gastos y grado de confianza”, publicado en El Universitario, órgano de difusión de la UASD, Polanco criticó que el país se endeude para pagar gastos corrientes, no para capital público.
Explicó que en los últimos diez años, la inversión pública ha promediado 16% de la composición económica de los presupuestos.
Recordó que la inversión pública tiene un efecto multiplicador más expansivo que los gastos corrientes y, además, motoriza aún más las inversiones privadas como agente de fuerza motriz en la economía de mercado.
“Si la composición económica del Presupuesto es aterradora, en detrimento del capital público, la composición funcional es un signo ignominioso para la sociedad y, sobre todo, para los sectores más excluidos”, como los pobres y los vulnerables, sostuvo.
Puso como ejemplo que la inversión en salud, que en el 2018 era de 2.02% del producto interno bruto (PIB), terminará el año en 1.9%, mientras para el 2019 bajará a 1.89%, la más baja de los 34 países de la región.
La rectora de la UASD criticó que se haga una reducción del presupuesto de Agricultura e Interior y Policía del 2019 respecto al 2018.
Sostuvo que visualizar la deuda en relación con el PIB no aclara en su justa dimensión la gravedad de la sostenibilidad fiscal del país, ya que el Gobierno destinará RD$304,000 mil millones al pago del servicio de la deuda para el próximo año, lo que equivale al 40% de los gastos totales.
Recordó que el proyecto de presupuesto para el 2019 es de RD$921,880 millones, lo que representa un 21.4% del PIB.
Sostuvo que el problema para una sociedad no es el tamaño del gasto público, sino en qué se gasta, su eficiencia y cómo se asigna.
Entiende que los actores políticos no solo se queman en la visión de la composición funcional y económica de los presupuestos, sino que tienen ceguera respecto a la ineficiencia técnica y asignativa.