Hoy 
ROSARIO ESPINAL
No será fallido, pero es chapucero. El Estado dominicano se ha caracterizado históricamente por tener un conjunto de instituciones que han operado con ineficiencia por la corrupción y escasa profesionalización. Durante 31 años de dictadura trujillista, el Estado fue utilizado fundamentalmente para reprimir la población y aumentar exponencialmente la fortuna del dictador y sus allegados.
La sociedad funcionaba al antojo del déspota. Durante 22 años de gobierno balaguerista, la corrupción y el clientelismo definieron los parámetros de la ineficiencia pública. A pesar del crecimiento económico de esa época, el país no logró avances importantes en el campo de la educación, la salud pública, ni el desarrollo de una economía competitiva y distributiva.
Se reprimió a los disidentes durante los primeros años del régimen, pero las fuerzas del orden público (policías y militares) no desarrollaron instituciones modernas de seguridad ciudadana.
La autoridad civil de Balaguer se impuso a la militar mediante un sistema de amplia corrupción en las instituciones armadas, y mientras los altos oficiales se enriquecían, el país comenzaba a transitar por un proceso de deterioro del control fronterizo y del orden público, particularmente en los barrios pobres.
Durante el balaguerismo, el Estado otorgó excesivos beneficios económicos a una élite empresarial y política, negó los derechos sociales a la mayoría de la población, mantuvo débil el estado de derecho, produjo una sensación de progreso mediante la construcción de obras de infraestructura, y otorgó algunas dádivas al pueblo para sostener lealtades políticas. Fue un desarrollo de apariencias más que de esencia.
Los gobiernos del PRD, que suman 12 años, fueron tres episodios en competencia por ser cada uno más decepcionante. En los años 80 fracasaron en impulsar el prometido proyecto socialdemócrata. Las crisis económicas, los pleitos intra-partidarios y el clientelismo dominaron las dos primeras gestiones de gobierno perredeísta. Su última gestión del 2000-2004 fue tan negativa y reciente que no amerita aquí recuento, más allá de apuntalar que en esos cuatro años el país se sobre-endeudó y retrocedió en su precario desarrollo institucional. La carga económica de ese cuatrienio es y será muy pesada para el pueblo dominicano por largos años.
La gestión anterior del PLD y lo que lleva la presente, para un total de 5 años, ha sido una discordancia entre el discurso modernizador y la repetición de prácticas estatales del pasado que no promueven un verdadero desarrollo. Es indiscutible que el gobierno ha tomado medidas positivas para generar y mantener la estabilidad macroeconómica, pero la gestión todavía deja mucho que desear en el campo de la seguridad ciudadana, la transparencia en las operaciones del Estado y el mejoramiento de los servicios públicos.
Actualmente, una vez más, el Estado Dominicano se encuentra atrapado entre las demandas de distintas clientelas políticas para que prosiga el reparto usual del botín público. Además de convivir con un empresariado renuente a pagar impuestos, el gobierno enfrenta nuevas presiones económicas ante la apertura de mercados y las demandas de un pueblo más empobrecido por el enorme endeudamiento externo e interno, producto del desfalco público y privado de años anteriores que todavía no ha sido adecuadamente procesado en el precario sistema judicial dominicano.
Que una revista o una institución extranjera califique el Estado Dominicano de fallido no debería simplemente herir sentimientos patrios, sino motivar debates y cambios sustanciales en el accionar político.
Es evidente que el Estado Dominicano no es fallido porque en la República Dominicana las instituciones públicas existen y no hay un estado generalizado de desintegración política como ocurre en Haití. El problema dominicano radica en que las instituciones públicas funcionan con muchas precariedades.
Para muestra basta mencionar algunos ejemplos de interés actual en los que falla el Estado Dominicano.
Los militares no cumplen con su deber de custodiar adecuadamente la frontera; por el contrario, se les vincula al tráfico de drogas y personas que agravan los problemas sociales dominicanos. La policía no protege adecuadamente a la ciudadanía ante el aumento alarmante de la criminalidad; por el contrario, se le vincula al robo de automóviles y a la violencia barrial. El sistema de salud pública es un eufemismo. El nuevo sistema de seguridad social colecta dinero pero todavía no ofrece servicios adecuados de salud ni pensión (posiblemente servirá más para beneficiar a entidades financieras que para atender las necesidades del pueblo). La falta de aulas, maestros, horas de clase y el alto nivel de deserción escolar no auguran un robusto desarrollo. Los servicios de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura y transporte público se caracterizan más por sus carencias que por su eficiencia.
Por estas razones, aunque el Estado Dominicano no es fallido porque no se ha desarticulado, sí es chapucero. El reto adelante es hacerlo más eficaz, eficiente y comprometido con el bienestar general. Es una responsabilidad apremiante del gobierno y de toda la nación dominicana.
