Equipo de abogados busca indemnización RD$23,903,465,542.00 por los daños y perjuicios que habría sufrido erario con las acciones que les imputan a los acusados

El Estado, representado por el Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, se constituyó ayer en querellante y actor civil ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para obtener una indemnización de RD$23,903,465,542.00 por los daños y perjuicios que habría sufrido en su condición de víctima, como consecuencia de la violación en la que incurrió, según la acusación, la supuesta red detenida en la Operación Antipulpo.

Una nota dice que requirió hipotecas judiciales provisionales, embargos contra todos los imputados y entidades vinculadas y el levantamiento del velo corporativo y declaratoria de conjunto económico de todas las entidades que formaron parte del alegado entramado.

La acción fue incoada contra los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez, Rafael Leónidas De Óleo, César Ezequiel Féliz Cordero y Messin Elías Márquez.

Empresas implicadas
Envuelve a Domedical Supply, S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L., General Medical Solution Am, S.R.L., United Suppliers Corporations, S.R.L., Kyanred Supply, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Fuel American Inc., Dominicana, S.R.L., Fundación Tornado Fuerzas Vivas, Reivasapt Investment, S.R.L., Fire Investment Group Fig, S.R.L., Oltaman Realty Business, S.R.L., Medi-Prome, S.R.L., Comercial Matex, S.R.L., Rotinsa, S.R.L. y Veintisiete 328, S.R.L.

Provecho al parentesco
El equipo afirma que Juan Alexis aprovechó su parentesco con el expresidente Danilo Medina Sánchez, en los períodos gubernamentales 2012-2016 y 2016-2020 y conformó una macroestructura integrada por los coimputados, entidades de carpetas que adquirió, y otras 16 hasta el momento identificadas.

Alega que hizo esto para gestionar con sus influencias, contratos con entidades del Estado, sin tener antecedentes en el mercado privado, sin experiencia, sin estructura operativa, capacitación técnica profesional, ni personal que permitiera ofrecer estos servicios, verificándose que este entramado, en franca competencia desleal con las tradicionales empresas que operan en el país, fueron concebidas para lucrarse del Estado.

“Lo que representa una operación que desde su inicio opera al margen del régimen legal de compras y contrataciones públicas establecido en el país a partir del año 2006 con la Ley 340-06”, refiere la acción.

Asegura el grupo de abogados que este entramado conformado comprendía actividades de una amplia y diversa gama.

El texto asegura que para lograr contratar con el Estado con este diverso catálogo de servicios y bienes Medina Sánchez contó con la participación de exfuncionarios como Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta y directora administrativa del Fonper 2016-2020; Fernando Rosa Rosa, presidente del órgano 2012-2020; Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez director de fiscalización de Oisoe 2015-2020; Francisco Pagán Rodríguez, director de la Oisoe 2015-2020; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, ministro de Salud Pública 2012-2015 y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor 2012-2016.

Dentro de las presuntas actuaciones identifica el pago a personal de seguridad sin que prestar servicio; los montos dejados de percibir por impuestos de Aduanas, el pago a personal que trabajan en otros lados.

El expediente
Una variedad de imputaciones

Excesos
El equipo de abogados dice que los acusados obtuvieron desembolsos a través del Banco de Reservas sin justificación, pagos en exceso de lo estipulado y sin las certificaciones de la DGII y TSS, contrataciones rescindidas sin exigir la devolución de los pagos avanzados y sin ejecutar las pólizas de garantía de fiel cumplimiento.
Más cargos
También le imputa modificaciones en los contratos para aumentarlos bajo el pretexto de adicionar la partida de Itbis, ya contemplada, pagos de supervisión de obras por montos que exceden el 5% que prevé la norma.
Muchos renglones
Otra acusación es la de duplicados de las mismas obras ejecutadas, por venta de gasolina premium y gasoil óptimo sin que la institución lo reciba, libramientos sin encontrarse registrados en la Contraloría de la República y conformación de consorcio y cesión de contrato por encima de lo que establece la ley.