Es preciso revisar la definición del concepto de Estado de Derecho, para tener una aproximación a la pregunta que da origen a este artículo. Con lo que no pretendemos más que orientar y dejar una señal de alerta de lo que estamos viviendo en la República Dominicana.

“El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos”. Diego Valadés, IIDH.

Esta definición contacta con las posiciones de diversos pensadores que a través de la historia han dejado expresa la función del Estado, que radica en el respeto al marco jurídico y en propiciar las condiciones para garantizar el bienestar de su población.

El alemán Robert von Mohl quien acuño y desarrollo el concepto de Estado de Derecho, precisa con mucha propiedad el rol del Estado y nos indica que si bien es cierto que en sus hombros recae la autoridad encargada de imponer la ley, también este está obligado a someterse a ella.

Si ponemos como punto de partida la realidad que vive el país y la cruzamos por la definición estricta del Estado de Derecho, podemos concluir que estamos frente a un Estado sin derechos. Solo basta con identificar el desorden institucional que prima en las entidades públicas, donde la excepción es dar un buen servicio, porque la regla es maltratar al ciudadano.

El Estado Social y Democrático de Derecho que en nuestra Constitución encontramos en el artículo 7, se convierte en simple letras muertas, pues su fundamento está enfocado en el  irrespeto de la dignidad humana, cuando vemos que la corrupción permea el quehacer institucional, utilizando el engaño para crear falsas expectativas, mostrando una realidad que está muy lejos de lo que viven las personas.

Asunto que se manifiesta en los miles de jóvenes sin trabajo, en una soberanía popular que solo se utiliza para legitimar los procesos electorales, tomando en cuenta que el sistema de partido colapso, ya que su fin no es la búsqueda del bien común, sino la del enriquecimiento ilícito por parte de unos pocos.

Ni decir de la separación e independencia de los poderes públicos, los cuales son parte del diseño maquiavélico que promueve la cultura del descaro y de la ausencia de principios éticos. Facilitando el desfalco del Estado, entregando nuestros recursos naturales a empresas depredadoras (Barry Gold, Falcondo, otras).

Todo esto pasa ante la mirada indiferente de un gobierno que vive reiteradamente violando las leyes, funcionarios que aún no presentan su declaración jurada de bienes, que están ligado a granceras, juegan con los precios de los combustibles, los ministros se incrementan los salarios de forma abismal, mientras las personas tienen que sobrevivir con 5 mil pesos, recibir servicios precarios y deficientes.

Estas tendencias de ilegalidad organizada desde las altas esferas del poder, han creado una sociedad del desorden, donde prima quien muestre más garras para sobrevivir. Por eso no es casual el fenómeno delincuencial, este no es más que el reflejo de lo que promueven las autoridades,  donde se enseña que la vía para el acenso social es delinquir, la honestidad no tiene lugar en este modelo político.

El sentido de una sociedad honesta esta tan perdido, que hoy quien sabe que no tiene ni moral, ni ética reclama con mucho ímpetu ser llamado serio, quienes exhiben fortunas que son imposibles de justificar y quien ose de señalar lo contrario, puede ser demandado por difamación. Ese es un claro indicador de que estamos ante el derrumbe de la sociedad dominicana, como escribiría el ilustre vegano Federico García Godoy.

La popularidad de la cual gozan los políticos está sustentada en el clientelismo, la descomposición y enajenación de la población, generando la irresponsabilidad, el dolo y la mentira como las herramientas para alcanzar el desarrollo personal.

Esta situación debe parar, pero para ello se hace necesario pasar al compromiso ciudadano, renunciar a las comodidades que nos ofrece el silencio cómplice de no denunciar y enfrentar este desorden que encabezan los partidos tradicionales.

Se debe pasar a integrar en nuestra práctica los valores y principios que dieron origen a nuestra sociedad, para hacer consciencia del peligro en el que estamos, de tal forma que la población comience a movilizarse contra estas mafias que dirigente el Estado.

De no hacerse nada hoy, mañana nuestros hijos pagaran las consecuencias, porque no tendremos una sociedad que les garantice estabilidad y mucho menos que les respete su dignidad.