QUITO.  AP.  El estado de excepción que regía en el país desde el 30 de septiembre, cuando se produjo una sublevación policial, se mantendrá por tiempo indefinido y exclusivamente en Quito, informó ayer el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.

La medida permitirá que las Fuerzas Armadas «continúen precautelando instalaciones importantes» como los palacios presidencial y legislativo, pero «no supone ninguna restricción de derechos» civiles como la libertad para reunirse o realizar actos públicos, aclaró el funcionario en declaraciones a la prensa.

Recalcó que todos los derechos de la ciudadanía están «absolutamente garantizados».

Carvajal calificó a la declaratoria como «necesaria» para prevenir cualquier situación de riesgo, mientras se realizan las investigaciones para determinar a los responsables de la revuelta.

Sobre la situación de la policía informó que estará encargada de la seguridad interna «porque esa es su función constitucional».

Consultado sobre una posible conformación de un grupo ilegal policial, afirmó que «se están desarrollando las investigaciones ya que no podría, el país, aceptar bajo ningún punto de vista la presencia de grupos armados al margen de la ley, mucho menos si están al interior de la fuerza pública».

En su programa radial sabatino, el presidente Rafael Correa, reiteró que las investigaciones irán hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables de la sublevación policial que derivó en actos violentos en su contra y que terminó en un operativo militar para su rescate.

Correa negó «imprudencia» de su parte al haber acudido al lugar de la protesta pues señaló que «de buena fe» quiso explicar los alcances de la ley que elimina algunos beneficios para la policía y por la cual protestaron los uniformados. «Apenas llegamos nos dimos cuenta que era una trampa», afirmó.  Correa aseguró que «en el caso particular de Colombia y el president  Santos, mostró su preocupación muy especial y me llamó varias veces.

Revisará ONG

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró ayer que revisará el registro de las cerca de 50,000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hay en el país, algunas de las cuales, según dijo, «son terribles».

En los ministerios ecuatorianos se han registrado un total de 50,164 ONG, mientras que en el Servicio de Rentas Internas, la agencia de recaudación tributaria del Estado, se han inscrito 49,215, informó el mandatario.

Sin embargo, dijo que tras una primera revisión, «sólo 7,000 coinciden» en su información de registro, por lo que ordenará el estudio, ya que algunas reciben dinero del exterior. El de las ONG es «uno de los tantos campos grises de la institucionalidad ecuatoriana» y donde, a veces, se escudan políticos para realizar actividades ajenas a las labores de solidaridad o cohesión social que deberían cumplir. En Ecuador, «cualquier cosa se llama ONG u organización sin fines de lucro, y en verdad son organizaciones de lucro sin fin».